Se trata de Carlos Emanuel Lucero, de 37 años, quien le quitó la vida con un cuchillo a Juan Marcos Correa. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en Rufino. Los fiscales que representaron al MPA en el debate son Mauro Menéndez y Rafaela Florit.
Judiciales24/10/2023
Daniel Espinoza
Un hombre de 37 años, identificado como Carlos Emanuel Lucero, fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio de Juan Marcos Correa, cometido en 2020 en la localidad de Amenábar (departamento General López). La víctima fue atacada con alevosía y ensañamiento en el marco de un rito pagano.
La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Clavero (presidente), Mariana Vidal y Adrián Godoy, en un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).
El fiscal Mauro Menéndez y la fiscal Rafaela Florit representaron al MPA en el debate. Tras la lectura del veredicto, valoraron que “el tribunal condenó a Lucero por la atribución delictiva y el monto de la pena que planteamos en la acusación y en nuestros alegatos”.
Los funcionarios del MPA explicaron que “el agresor tenía un antecedente condenatorio a prisión condicional aún no vencido, el cual fue unificado con la pena a prisión perpetua impuesta por el homicidio”, y aclararon que “la modalidad de cumplimiento condicional de aquella sentencia anterior, fue revocada”.
Pruebas: Menéndez y Florit destacaron que “el tribunal consideró que la prueba que ofrecimos en el juicio fue ‘más que suficiente’ para acreditar nuestra teoría del caso”.
Asimismo, los fiscales expusieron que “uno de los momentos más complejos del debate fue la reproducción del registro audiovisual del hallazgo del cadáver desmembrado de Correa”, y precisaron que “las partes del cuerpo habían sido enterradas bajo un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”.
“También presentamos resultados de análisis de ADN realizados a partir de la exhumación, que fue llevada a cabo a principios de este año”, resaltaron. “De esa manera, se corroboró de forma incontrastable la identidad de la víctima”, agregaron.
“Uno de los momentos más complejos del debate fue la reproducción del registro audiovisual del hallazgo del cadáver desmembrado de Correa”, expusieron los fiscales y precisaron que “las partes del cuerpo habían sido enterradas bajo un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”.
Por otro lado, Menéndez y Florit mencionaron que “en el juicio declaró un integrante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que desgrabó una escucha telefónica en la que Lucero le aseguró a un amigo que había matado a un abusador, cuya alma había ofrendado para pagar una deuda en el marco de su culto”. Al respecto, los fiscales informaron que “años atrás, Correa fue investigado por un delito contra la integridad sexual”, y puntualizaron que “ese legajo finalizó por la prescripción de la acción penal en 2017”.
Los funcionarios del MPA además hicieron hincapié en que “el padre de la víctima fatal brindó un testimonio impactante y señaló a Lucero como autor del homicidio”. En tanto, luego de conocer el fallo condenatorio, los familiares de Correa manifestaron su plena conformidad.
Ensañamiento y alevosía: El homicidio de Correa fue cometido entre el domingo 27 y el miércoles 30 de septiembre de 2020. Menéndez y Florit enfatizaron que “Lucero sabía que la víctima era adicto a estupefacientes y vivía en condiciones de vulnerabilidad, lo cual aprovechó para conducirlo mediante engaños a un monte conocido como el ‘nuevo basural’ de la localidad de Amenábar”. En tal sentido, aseveraron que “a partir de un plan previo, llevó cigarrillos de marihuana, un cuchillo y un recipiente”.
“Cuando estaban en el lugar, el condenado atacó sorpresivamente a la víctima, a sabiendas de que estaba en una situación de indefensión física y psicológica”, afirmaron. “Utilizó el cuchillo de tal manera que antes de quitarle la vida, le hizo sentir dolor y sufrimiento”, añadieron.
Paradero: “La investigación comenzó como búsqueda de paradero el domingo 4 de octubre de 2020, cuando un hermano de la víctima denunció su desaparición”, recordaron Menéndez y Florit. “Desde entonces, coordinaron tareas agentes policiales -entre ellos, brigadas caninas-, y bomberos de Amenábar, Rufino, Sancti Spiritu, Venado Tuerto y Murphy, quienes realizaron numerosos rastrillajes en zonas rurales y urbanas”, indicaron.
“En el marco de las diligencias, fueron entrevistadas diversas personas que conocían a la víctima o manifestaban que podían aportar datos a la causa”, sostuvieron. “Por caso, el propietario de una casilla en la que residía el atacante dijo que había visto allí una imagen de yeso de San La Muerte y un recipiente que al parecer contenía sangre”, apuntaron.
Según subrayaron, “en esos días, Lucero fue privado de su libertad y les contó detalladamente a otros dos detenidos lo que había hecho, cómo había procedido y adónde había enterrado el cuerpo. Ellos a su vez se lo comunicaron a su abogada defensora, quien se encargó de transmitirlo a una autoridad policial”.
“Tras recibir información sobre la mecánica del ilícito, las fuerzas de seguridad fueron hasta el ‘nuevo basural’ y encontraron allí el cuerpo sin vida”, concluyeron.
Calificación penal: Lucero fue condenado a prisión perpetua como autor de homicidio calificado (por ensañamiento y alevosía).
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Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.
Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.
La Unidad Fiscal Santa Fe resolvió el caso en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno. Los condenados son de nacionalidad peruana y boliviana. Fueron condenados por el ingreso ilegal al país procedentes de Bolivia en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de 30.500 dólares. La investigación no halló elementos sobre tráfico de estupefacientes.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. La víctima relató que el pasado 8 de agosto fue interceptada en barrio Triángulo y Moderno y obligada a subir a una camioneta bajo amenazas de muerte.
La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que la siembra de maíz crecerá 16,8%, hasta 9,7 millones de hectáreas, la segunda mejor cifra de la historia. Del otro lado, se confirma la fuerte baja de la soja, con 1,35 millones de hectáreas menos en esta estimación.
La herramienta podría servir en un futuro para diagnosticar diversas patologías.
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