Se trata de Carlos Emanuel Lucero, de 37 años, quien le quitó la vida con un cuchillo a Juan Marcos Correa. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó esta mañana en Rufino. Los fiscales que representaron al MPA en el debate son Mauro Menéndez y Rafaela Florit.
Judiciales24/10/2023
Daniel Espinoza
Un hombre de 37 años, identificado como Carlos Emanuel Lucero, fue condenado a prisión perpetua como autor del homicidio de Juan Marcos Correa, cometido en 2020 en la localidad de Amenábar (departamento General López). La víctima fue atacada con alevosía y ensañamiento en el marco de un rito pagano.
La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Mauricio Clavero (presidente), Mariana Vidal y Adrián Godoy, en un juicio oral y público que finalizó esta mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).
El fiscal Mauro Menéndez y la fiscal Rafaela Florit representaron al MPA en el debate. Tras la lectura del veredicto, valoraron que “el tribunal condenó a Lucero por la atribución delictiva y el monto de la pena que planteamos en la acusación y en nuestros alegatos”.
Los funcionarios del MPA explicaron que “el agresor tenía un antecedente condenatorio a prisión condicional aún no vencido, el cual fue unificado con la pena a prisión perpetua impuesta por el homicidio”, y aclararon que “la modalidad de cumplimiento condicional de aquella sentencia anterior, fue revocada”.
Pruebas: Menéndez y Florit destacaron que “el tribunal consideró que la prueba que ofrecimos en el juicio fue ‘más que suficiente’ para acreditar nuestra teoría del caso”.
Asimismo, los fiscales expusieron que “uno de los momentos más complejos del debate fue la reproducción del registro audiovisual del hallazgo del cadáver desmembrado de Correa”, y precisaron que “las partes del cuerpo habían sido enterradas bajo un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”.
“También presentamos resultados de análisis de ADN realizados a partir de la exhumación, que fue llevada a cabo a principios de este año”, resaltaron. “De esa manera, se corroboró de forma incontrastable la identidad de la víctima”, agregaron.
“Uno de los momentos más complejos del debate fue la reproducción del registro audiovisual del hallazgo del cadáver desmembrado de Correa”, expusieron los fiscales y precisaron que “las partes del cuerpo habían sido enterradas bajo un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”.
Por otro lado, Menéndez y Florit mencionaron que “en el juicio declaró un integrante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que desgrabó una escucha telefónica en la que Lucero le aseguró a un amigo que había matado a un abusador, cuya alma había ofrendado para pagar una deuda en el marco de su culto”. Al respecto, los fiscales informaron que “años atrás, Correa fue investigado por un delito contra la integridad sexual”, y puntualizaron que “ese legajo finalizó por la prescripción de la acción penal en 2017”.
Los funcionarios del MPA además hicieron hincapié en que “el padre de la víctima fatal brindó un testimonio impactante y señaló a Lucero como autor del homicidio”. En tanto, luego de conocer el fallo condenatorio, los familiares de Correa manifestaron su plena conformidad.
Ensañamiento y alevosía: El homicidio de Correa fue cometido entre el domingo 27 y el miércoles 30 de septiembre de 2020. Menéndez y Florit enfatizaron que “Lucero sabía que la víctima era adicto a estupefacientes y vivía en condiciones de vulnerabilidad, lo cual aprovechó para conducirlo mediante engaños a un monte conocido como el ‘nuevo basural’ de la localidad de Amenábar”. En tal sentido, aseveraron que “a partir de un plan previo, llevó cigarrillos de marihuana, un cuchillo y un recipiente”.
“Cuando estaban en el lugar, el condenado atacó sorpresivamente a la víctima, a sabiendas de que estaba en una situación de indefensión física y psicológica”, afirmaron. “Utilizó el cuchillo de tal manera que antes de quitarle la vida, le hizo sentir dolor y sufrimiento”, añadieron.
Paradero: “La investigación comenzó como búsqueda de paradero el domingo 4 de octubre de 2020, cuando un hermano de la víctima denunció su desaparición”, recordaron Menéndez y Florit. “Desde entonces, coordinaron tareas agentes policiales -entre ellos, brigadas caninas-, y bomberos de Amenábar, Rufino, Sancti Spiritu, Venado Tuerto y Murphy, quienes realizaron numerosos rastrillajes en zonas rurales y urbanas”, indicaron.
“En el marco de las diligencias, fueron entrevistadas diversas personas que conocían a la víctima o manifestaban que podían aportar datos a la causa”, sostuvieron. “Por caso, el propietario de una casilla en la que residía el atacante dijo que había visto allí una imagen de yeso de San La Muerte y un recipiente que al parecer contenía sangre”, apuntaron.
Según subrayaron, “en esos días, Lucero fue privado de su libertad y les contó detalladamente a otros dos detenidos lo que había hecho, cómo había procedido y adónde había enterrado el cuerpo. Ellos a su vez se lo comunicaron a su abogada defensora, quien se encargó de transmitirlo a una autoridad policial”.
“Tras recibir información sobre la mecánica del ilícito, las fuerzas de seguridad fueron hasta el ‘nuevo basural’ y encontraron allí el cuerpo sin vida”, concluyeron.
Calificación penal: Lucero fue condenado a prisión perpetua como autor de homicidio calificado (por ensañamiento y alevosía).
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.
Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.
Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
Ambas sentencias estaban recurridas por la defensa del exfuncionario peronista.
Tiene 49 años y cometió los ilícitos mientras convivía con la víctima en una localidad cercana a Venado Tuerto. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra.
Se trata de productos de dudosa procedencia, ya que carecen de registros sanitarios válidos y presentan rótulos falsos. (Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto)
El titular del organismo, José Ignacio Scotto, visitó instituciones deportivas de Río Bamba, Laboulaye y Villa Rossi. Las actividades se realizaron en el marco del programa Manos, una iniciativa que impulsa proyectos con impacto social en toda la provincia.
Un día como hoy, pero de 1993, Carlos Menem y Raúl Alfonsín acuerdan la reforma de la Constitución Nacional. El Pacto de Olivos pone fin a meses de tensiones, con un Menem lanzado a reformar la Carta Magna, aun sin acuerdo con la oposición, al solo efecto de habilitar su reelección para 1995. El líder radical, que se oponía, accede a dar los votos de su partido en el Congreso para la reforma. A cambio, se negocia la elección directa de los senadores, con mandato de seis años en vez de nueve; un tercer senador por la minoría; la autonomía de la ciudad de Buenos Aires; la creación del Consejo de la Magistratura; el nacimiento de la figura del jefe de Gabinete; y la incorporación de los tratados internacionales.
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país, la Gendarmería Nacional Argentina, desarticuló una operación transnacional tras el hallazgo de una avioneta siniestrada y la detención de Brian “Barba” Bilbao, uno de los capos narcos rosarinos más buscados de la Argentina.
Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.
