Tres Policías de Córdoba van a juicio por el hurto de marihuana

Tras una investigación iniciada en abril, se desbarató al grupo narcocriminal luego de incautar 4,4 kilos de cocaína transportados por una pareja que circulaba en auto por la ruta provincial N°90, cerca de la localidad de Elortondo. Según la investigación, operaban en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat. Entre los acusados, hay un hombre y una mujer a quienes se les atribuyó organizar la logística desde la cárcel.

El máximo tribunal penal ordenó dictar un nuevo pronunciamiento a la Cámara Federal de Rosario, que había revocado los procesamientos de cinco exdirectivos de la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A., imputados como responsables por la descarga de efluentes sin tratamiento desde la Planta de Recepción Emisario Sur entre 2018 y 2021.

Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Salmain será indagado el 25 de noviembre, también por los delitos de cohecho agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. El financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche son coimputados por las mismas maniobras. La detención del magistrado fue rechazada por la ley de fueros.

En la audiencia de formalización los fiscales expusieron la investigación que derivó en la detención de uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe y en el secuestro de casi una tonelada de cocaína. Hay otros tres imputados acusados de integrar esta organización que introducía cargamentos de cocaína desde países limítrofes mediante vuelos clandestinos de avionetas. Bilbao también fue indagado por la causa que lo tenía prófugo desde 2023.

Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.

La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.