El Fiscal Regional de Venado Tuerto presenta hoy un informe de gestión

El máximo tribunal penal ordenó dictar un nuevo pronunciamiento a la Cámara Federal de Rosario, que había revocado los procesamientos de cinco exdirectivos de la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A., imputados como responsables por la descarga de efluentes sin tratamiento desde la Planta de Recepción Emisario Sur entre 2018 y 2021.

Se trata de maniobras concretadas en 2023 durante el cepo cambiario. El juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Salmain será indagado el 25 de noviembre, también por los delitos de cohecho agravado por ser magistrado judicial y prevaricato. El financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche son coimputados por las mismas maniobras. La detención del magistrado fue rechazada por la ley de fueros.

En la audiencia de formalización los fiscales expusieron la investigación que derivó en la detención de uno de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe y en el secuestro de casi una tonelada de cocaína. Hay otros tres imputados acusados de integrar esta organización que introducía cargamentos de cocaína desde países limítrofes mediante vuelos clandestinos de avionetas. Bilbao también fue indagado por la causa que lo tenía prófugo desde 2023.

Así fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA. Se busca información vinculada a la desaparición de Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido. Las fiscales a cargo del legajo penal son Marianela Montemarani y Mayra Vuletic.

La ex-mandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita, conformada por otros funcionarios y empresarios que funcionó, entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Según la acusación, habían montado un circuito de recaudación de dinero a constructoras y empresas de energía y transporte, que eran beneficiadas con la adjudicación de contratos estatales.

Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Estiman un perjuicio patrimonial contra el Estado de más de 544 millones de pesos.