El oficial de policía omitió cumplir con sus deberes de control sobre los bienes secuestrados que estaban bajo resguardo en el depósito denominado Potrero del Estado.
Judiciales08/11/2023
Daniel Espinoza
En el marco de una serie de investigaciones relacionadas con la desaparición de motovehículos secuestrados en causas penales, el juez de control Gustavo Hidalgo dispuso elevar a juicio al comisario Juan Eduardo Frasinelli, responsable del depósito judicial Potrero del Estado, ubicado en Bouwer, por considerarlo probable autor penalmente responsable del delito de omisión de deberes del oficio.
El magistrado convalidó la investigación de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Primera Nominación y le atribuyó al comisario una omisión en el cumplimiento de actos de su oficio durante el período de un año (desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020). Según la investigación, con su falta de control habría permitido que autores ignorados sustrajeran ilegalmente 23 motocicletas y moto-partes que ingresaron al depósito a su cargo para su resguardo.
Estos hechos no podrían haber ocurrido como ocurrieron si el comisario Frasinelli hubiera cumplido con su deber de actuar de la forma que correspondía como comisario jefe de la dependencia referida, conforme la Ley 9728, artículo 15 incisos b y c. Los objetos sustraídos por la falta de control se encontraban secuestrados a disposición de diversas autoridades judiciales.
En otro párrafo de la resolución, el juez Hidalgo dijo que no surgen dudas de que la omisión atribuida al imputado se tradujo en un incumplimiento injustificado de sus deberes genéricos de custodia, pues debía conocer que era parte de su responsabilidad disponer la custodia de los bienes que se encontraban bajo su resguardo.
En la resolución, el magistrado agregó: “No caben dudas de que, en el período de tiempo en que el imputado se desempeñó como comisario, se sustrajeron numerosos motovehículos de la dependencia a su cargo. Se desconoce, o al menos no obran constancias en la causa, de las medidas en general adoptadas para optimizar la vigilancia y resguardo frente a tales episodios. Claramente, no se trató de un hecho aislado, siendo lo más llamativo la evidente falta de cuidado y protección del predio donde se encontraban en resguardo tales rodados”.
“Había poca iluminación, no se contaba con cámaras de seguridad y se observaba maleza forestal que, hacia mediados del año 2020, por ejemplo, había alcanzado unos dos metros de altura”, enfatizó el juez Hidalgo.
Por otro lado, afirmó que “no se puede arribar a una conclusión diferente, si se tiene en cuenta el cargo que ostentaba dicho imputado, pues claramente debía estar en conocimiento de los sucesos acaecidos durante su función (no solo tenía acceso directo al libro de guardias, sino que a él se dirigían todas las novedades que asentaran los subalternos).
“Mal podría haber desconocido o ignorado los múltiples faltantes de los rodados que se encontraban bajo su custodia y las precarias condiciones de seguridad existentes en el predio donde éstos estaban a resguardo, de lo que se deduce que no solo prescindió de su deber de custodia, sino que además lo hizo a sabiendas de las consecuencias que ello traía aparejado”, sostuvo.
La resolución concluye que, de tales circunstancias, se deduce la intención de haber querido obrar en tal sentido y más aún, por haber prescindido de arbitrar los medios necesarios para hacer cesar los hechos delictivos ocurridos.
Causa: “Frasinelli, Juan Eduardo p.s.a. – Abuso de Autoridad o Incumplimiento de los deberes de Funcionario Público”.
La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
La investigación de la Unidad Fiscal Rosario está relacionada con dos oficios que libró el juez, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuya finalidad era obtener información sobre medidas en su contra ordenadas en el marco de una causa en la que se lo investiga por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 55 años y sus iniciales son GAS. Los abusos fueron cometidos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes próximo, el MPF formalizará una nueva imputación en contra del magistrado por “abuso de autoridad”.
La parcela está ubicada en un exclusivo predio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Habrían pagado 70.000 dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en el juzgado del exmagistrado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. Se dispuso un embargo de 414 millones de pesos para el matrimonio.
El imputado viajaba con su hija de 4 años en un auto que no tenía chapa patente frontal y fue detenido en un control vehicular sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica. También le encontraron LSD, “cristal” y ketamina. Investigan si integraba una organización narcocriminal, ya que, al allanar su domicilio en la ciudad entrerriana de Paraná, se secuestraron más estupefacientes y elementos de estiramiento.
El reporte del tiempo de Sucesos indica para hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada con temperaturas de entre 20º la mínima y 37ºC de máxima, además, prevé que puedan llegar algunos intervalos nubosos pasadas las primeras horas de la tarde.
Un día como hoy, pero de 2001, casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produce un estallido social que marcará el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay siete muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el Conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo, con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche, renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La firma BIOSINTEX S.A. ha iniciado de forma voluntaria, el retiro del mercado de once lotes del producto Lacrigestina. La medida se tomó porque los lotes no cumplen con el ensayo de pH.
Son un total de 64.020 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares quienes recibirán el premio mensual. La inversión total asciende a $ 6.993.087.869.
El ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado ante la posible circulación tras los episodios que se investigan en Neuquén.
