El médico deberá hacer un tratamiento psicológico obligatorio. También tendrá que pagarle una suma de dinero a la damnificada. El caso fue remitido al Tribunal de Ética profesional.
Judiciales 06/03/2024
Daniel Espinoza
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación declaró que una mujer fue víctima de violencia de género tipo psicológica y sexual, durante un control ginecológico de rutina desarrollado en un centro médico privado de la ciudad de Córdoba.
El tribunal corroboró que la consulta ginecológica se llevó a cabo en un consultorio que no contaba con la infraestructura y los recursos indispensables para resguardar el pudor de la paciente. No contaba con un biombo para que pueda quitarse la ropa antes del examen y no se le entregó una bata para minimizar el impacto de la desnudez. Además, durante la consulta ingresó al consultorio personal de limpieza, porque la puerta no estaba cerrada y la sala estaba en un sector de amplía circulación.
Para la jueza Mariana Wallace, el médico “no resguardó el mínimo legal exigible” y expuso a su paciente a “una incomodidad adicional y evitable en práctica médica sensible que sólo afecta a las mujeres”.
Sin especialidad: El tribunal comprobó que el profesional denunciado no era especialista en tocoginecología, pese a que la publicidad de centro médico lo colocaba como prestador de dicha especialidad. 
“Es responsabilidad del profesional: a. no difundir información engañosa y b. prestar servicios como especialista si se encuentra habilitado como especialista. Correlativamente, es responsabilidad del centro médico no difundir/avalar publicidad engañosa, no facilitar el ejercicio de la medicina como especialistas a quienes no lo son”, enfatizó la magistrada.
Presunción de veracidad: La jueza Wallace también refirió que la mujer había experimentado la intervención médica como una práctica abusiva por la doble revisión genital, la extrema cercanía del rostro del médico a su cuerpo y la revisión simultánea de las mamas con una mano en cada una de ellas.
Si bien admitió que determinar el límite entre el contacto necesario en condiciones de respeto al cuerpo de la paciente y el tocamiento abusivo puede ser altamente dificultoso, señaló que otras mujeres también declararon haber atravesado situaciones similares e, incluso, más gravosas.
La magistrada señaló que el cotejo efectuado por las testigos resultó absolutamente consistente con relato de la víctima, más allá de la presunción de veracidad de la cual goza. “Los denunciados no constituyeron un hecho aislado; sino que, por el contrario, fueron el resultado de la violencia estructural de género y de un patrón sociocultural justificado en el predominio masculino del profesional sobre el cuerpo de otras (mujeres), causándoles a sus pacientes sentimientos de humillación física y emocional, colocándolas en un plano de absoluta desigualdad. No las trató como personas”, explicó Wallace.
La sentencia explica que, si el médico no registra que ejercer en una especialidad sin matrícula, en un consultorio inadecuado, sin los insumos indispensables para resguardar el pudor y realizar las maniobras exploratorias que son percibidas por las pacientes como “tocar de más”, es “igualmente de gravoso que haberlas realizado a sabiendas que obraba mal”.
Notificaciones y atreintes: Por toda esta situación, la jueza Wallace dispuso poner en conocimiento al Tribunal de Ética del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba para que determine si el médico denunciado trasgredió el Código de Ética profesional y si le corresponde alguna sanción.
También informó a los entes habilitantes del Consejo Médico, la Municipalidad de Córdoba y el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa) que el centro de salud induce a los pacientes a creer que el médico denunciado es especialista en obstetricia y que provee espacios inadecuados para ejercer esta especialidad.
“El médico y el centro médico, maximizan sus posibilidades de ganancia y minimizan al extremo en costos, sin valorar las implicancias de sus mayores ingresos y menores gastos (…) tales ahorros no son a su costa y cargo; sino a costa y cargo de las pacientes que reciben un servicio de salud en ginecología degradado, ultrajante y envilecido”, añadió.
Análisis económico de la violencia de género: Finalmente, el tribunal admitió un pedido de astreintes (pago provisional destinado a impulsar el cumplimiento de una obligación) solicitado por la damnificada. En este sentido, la jueza Wallace refirió que el médico pudo cesar inmediatamente la violencia de género y, sin embargo, retomó el ejercicio de dicha especialidad sin el título correspondiente. En consecuencia, para reequilibrar la injusta transferencia económica operada a costa de la denunciante, el tribunal condenó al demandado a pagar 336.000 pesos de astreintes a favor de la víctima. El monto establecido equivale al valor de una consulta psicológica (7.000 pesos) cada quince días por dos años de tratamiento.
Causa: “D. P., D. – Denuncia por violencia de género”.
Fecha: 13 de noviembre de 2023.
Resolución: Auto Interlocutorio n.° 42.
El sujeto de 49 años, que ayer jueves había efectuado un disparo en la cabeza de su hijo, quedó detenido en Laboulaye a la espera de su traslado a Córdoba.
Así fue dispuesto por la jueza Lorena Garini a pedido del fiscal Mauro Menéndez en una audiencia realizada ayer. El imputado tiene 46 años y sus iniciales son FDD. El hecho ilícito fue el jueves de la semana pasada en la casa de la víctima.
El sujeto tenía pedido de captura y habían allanado su casa por su vínculo con el dueño de la línea desde la cual pidieron el taxi que conducía Diego Celentano.
Se trata de J. J. C. G., de 21 años. Se le impusieron dos años de prisión. También cometió otros delitos en un contexto de violencia de género en perjuicio de la víctima. La fiscal que investigó los ilícitos es Rafaela Florit.
Los hechos ilícitos fueron cometidos durante tres años y comenzaron cuando ella aún transitaba su escolaridad primaria. La denuncia fue realizada por un médico de guardia de un sanatorio privado de Rufino a raíz de una consulta profesional. La fiscal que llevó adelante la investigación es Rafaela Florit. Las iniciales del condenado son MDZ (su identidad no se brida para resguardar a la víctima, quien comparte el apellido con él).
Hoy comenzó el juicio oral en los tribunales venadenses. El acusado tiene 54 años, sus iniciales son GOC y desplegó su accionar delictivo entre 2008 y 2021. La fiscal Florencia Schiappa Pietra investigó lo ocurrido, representará al MPA en el debate y adelantó que solicitará una pena de 35 años de prisión.
Quedaron en prisión preventiva un hombre de 31 años (amigo de la víctima) y una mujer de 25 (pareja de la víctima), ambos investigados por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, cometido con un arma de fuego en Venado Tuerto. Así fue resuelto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, en una audiencia que se llevó adelante hoy en los tribunales venadenses.
La cautelar fue dispuesta a pedido de la fiscal en turno, Rafaela Florit, quien ordenó las primeras diligencias y representó al MPA en la audiencia de medidas cautelares. Al imputado se le atribuyó haber faenado junto con otras personas dos animales que estaban en un campo localizado en el cruce de las rutas provinciales números 90 y 93. A su vez, se le endilgó haber llevado la carne hasta Firmat, donde fue detenido.
El miércoles 8 de mayo, por intervención de la fiscalía de Rufino, se procedió con un allanamiento en una vivienda de un establecimiento rural a los fines de dar con el paradero de una mujer y su hija.
Así lo expresó la vicegobernadora Gisela Scaglia, en el marco del Primer Congreso de Seguridad y Género organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó en una panel denominado: el rol de las mujeres en el Crimen Organizado: Narcocriminalidad y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad de Nación.
Un día como hoy, pero en 2011, La justicia chaqueña dicta sentencia sobre uno de los hechos emblemáticos del terrorismo de Estado: la Masacre de Margarita Belén. En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, efectivos del Ejército y la Policía Federal mataron a once prisioneros y desaparecieron a otros cuatro en lo que fue presentado como un enfrentamiento. El caso se incorporó a la querella en el juicio a las Juntas de 1985. En el juicio de 2011, ocho militares son condenados a perpetua y se absuelve a un policía. Entre los condenados figuran José Luis Patetta y Horacio Losito, que ya acarreaban condenas a 25 años por otros delitos de lesa humanidad.
Cuestionó el gobernador de Santa Fe por la decisión del Nación al no incluir a todas las universidades del país en el refuerzo de fondos, y que sólo fueron otorgados a la Universidad de Buenos Aires.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana, viernes 17 de mayo, una jornada en la que los intervalos nubosos permanezcan activos la mayor parte del día, además, prevé una temperatura máxima que no superará los 15°C.
