"Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá" dijo Rodolfo Aguilar tras anunciar una nueva jornada de lucha para mañana

Luego de una extensa reunión del Consejo Directivo Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió realizar una jornada nacional de protesta ante la amenaza de nuevos cierres de organismos y el intento de despidos de miles de trabajadores en la Administración Pública. “Si Milei quiere conflicto, conflicto tendrá”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

La movilización se realizará el martes 26 de marzo y, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Conducción Nacional se movilizará hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni. 

“Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas. El gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, manifestó el Secretario General de ATE.

En esta línea, el dirigente agregó: “Hasta ahora, todas las medidas del gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”.

“Las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle”, apuntó el referente estatal.

De cara a lo que será la nueva medida de fuerza, Aguiar sentenció: “No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas. Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei”.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, agregó: “Fue una reunión que estuvo atravesada por la noticia de lo ocurrido con la militante de la agrupación H.I.J.OS. Sabemos que nos quieren con miedo, pero no nos va a paralizar. El próximo 24 de Marzo vamos a llenar las calles por los 30 mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas que soñaron con un país más justo”.

 
La reunión se realizó en el Hotel 27 de Junio de ATE, ubicado en Defensa 1469 (CABA) y contó con la participación de las conducciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí también se decidió demandar a las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA) que se avance en una nueva huelga general en los primeros días de abril, moción que presentarán este sábado en el Congreso de la CTA Autónoma (central que integra ATE), el cual se realizará en Avellaneda.

La Jornada Nacional de Lucha comenzará con asambleas y ruidazos en todos los ministerios y organismos para luego retirarse al mediodía y concentrar en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Son más de 70 mil los vínculos laborales que corren peligro de finalización a partir del 31 de marzo. Según trascendió desde el Ejecutivo, se busca una reducción de entre el 20 y 30 por ciento de la planta transitoria del Estado, por lo que los despidos podrían ser entre 14 mil y 21 mil a fin de mes. Además, según el “manual de despidos” que circuló en las últimas horas, el Gobierno comenzaría las comunicaciones para informar los despidos el 26. 

Durante la reunión, se definió que no se aceptará ni un sólo despido y que se profundizará el plan de lucha si el gobierno no desiste en su política de destrucción del Estado. En este sentido, los principales ejes de los reclamos son: 

– Aumento salarial por encima de la inflación. 

– Reincorporación de despedidos sin causa. 

– Renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo.

– Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. 

– Rechazo al cierre de todos los organismos públicos y a la privatización de empresas estatales.

– Defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 

– Aumento de emergencia para jubilados y pensionados. 

– Rechazo a cualquier intento de privatización.