Imputaron al dueño de un pelotero y a un empleado que manipulaba un toro mecánico como coautores del homicidio culposo de una niña en Venado Tuerto

Así fue dispuesto a pedido del fiscal Carlos Lacuadra. Al imputado se le endilgó haber engañado a la víctima para que fuera hasta un lugar en el que la mataron tras no haber podido robarle. Además, el funcionario del MPA amplió la atribución delictiva con un ilícito similar que sufrió una persona a la que citaron en un punto de encuentro e intentaron quitarle la vida. En el marco del legajo, hay otro hombre investigado como autor de esos hechos que también está detenido como medida cautelar.

Fue por decisión del Tribunal Oral Federal N°2 rosarino, que también ordenó el decomiso de 102 bienes, entre propiedades, embarcaciones, vehículos de alta gama, y más de 2 millones de dólares en efectivo. Además de las condenas, los jueces le aplicaron multas a los implicados, que llegaron hasta 136 millones de pesos.

Se trata de Pedro Ortiz y Hontoria, de 66 años. La pena se le impuso por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. Además, se le impuso prisión preventiva. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es María Florencia Schiappa Pietra.

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Los imputados tienen 20 años y la víctima, 87. Se les endilgó haberle sustraído bajo amenazas de muerte 500.000 pesos, dos teléfonos celulares, un reloj y un juego de llaves.

Se trata de Lucas Mauricio Acosta, arquero del equipo Sarmiento de Junín. Las amenazas habrían ocurrido entre julio y agosto de 2024, luego de que se terminara el vínculo entre ambos. La víctima relató en su denuncia que el jugador también habría sido responsable de “filtrar” un video íntimo suyo.

El nuevo portal (Muninn) permitirá a víctimas o a sus familiares realizar cualquier consulta sobre denuncias o investigaciones en curso. Comenzó a funcionar hoy y busca garantizar los derechos de acceso a la información de las víctimas, en el marco de la priorización de la temática que viene llevando adelante la Fiscalía General.