En Bahía Blanca se reanudó el juicio “Megacausa Zona V”, donde se juzgan a 34 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 321 víctimas

Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Mayra Vuletic, en una audiencia realizada ayer en los tribunales venadenses. El imputado es oriundo de la provincia de Buenos Aires, tiene 30 años y sus iniciales son JPC. El hecho ilícito fue cometido el lunes 1 de septiembre pasado, en un contexto de conmoción pública por intimidaciones similares recibidas en diferentes establecimientos educativos.

Ambos (Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci) fueron considerados autores del delito de abuso sexual simple reiterado en varias ocasiones, consumadas entre el 2017 y 2020, y durante el 2022. Las penas son de prisión condicional. “Fue una conducta que se mantuvo a lo largo del tiempo ante la más absoluta indiferencia de las autoridades militares”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Valentín Lucio Vivas recibió una pena de seis años de prisión y fue inhabilitado para conducir vehículos a raíz de que también cometió un homicidio culposo en el marco de un siniestro vial. Por su parte, a Sasha Ailín Maldonado se le impusieron cuatro años de prisión. El fiscal que investigó los ilícitos es Damián Cassullo.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal. También fueron condenados el exsubsecretario Roberto Baratta y el exdirector ejecutivo y apoderado de la empresa Diligentia S.A. Roberto Nicolás Dromi San Martino, todos en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso la restitución de US$ 5.523.345. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 28 de noviembre.

El exmagistrado federal, en prisión domiciliaria desde mayo pasado e investigado por varios delitos, afronta ahora una acusación por cobrar como dádivas más de 5 millones de pesos en alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia (Santa Cruz) a través de una mutual que pertenece al financista rosarino Fernando Whpei, también detenido y acusado de extorsión y por impulsar denuncias falsas en coordinación con el extitular del Juzgado Federal N°4.

Entre 2021 y 2023 cometieron al menos tres secuestros -dos consumados y otro en grado de tentativa- con víctimas de alto perfil económico por quienes pidieron y cobraron rescates elevados. En todos los casos fueron liberadas a salvo. Realizaban tareas de inteligencia, alquilaban casas para el cautiverio y usaban vehículos con patentes cambiadas y teléfonos analógicos para evitar rastreos. Los fiscales indicaron que la organización planificó y ejecutó los hechos con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”.