La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, lo que representa un duro revés para la firma que está en esa situación desde febrero de 2020.
Judiciales19/02/2025
Daniel Espinoza
“En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Resolvió: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”, dice el fallo del máximo tribunal provincial, que hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por el acreedor Commodities, ligado a la firma Grassi.
Esta tarde, conocida la resolución, en el directorio de la empresa se comenzó a evaluar la resolución y su alcance, mientras los letrados que trabajan en el caso realizaban un análisis exhaustivo sobre las decisiones que se adoptarán en las próximas horas, teniendo en cuenta la repercusión económica y financiera que dicha medida ocasiona.
Si bien la especulación es que tras esta decisión se abriría una instancia de cramdown para que un tercero realice una oferta por la compañía, eso todavía no es seguro ya que la Corte provincial decidió enviar lo actuado a una instancia inferior para un “nuevo pronunciamiento”. El tribunal de origen de la causa es la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista. Ahora irá a una cámara de Rafaela.
En un fallo de 114 páginas, el máximo tribunal advirtió, entre otras cosas, una falta de equidad en el trato a los acreedores, la ausencia de un control sustancial de la propuesta y la incertidumbre en su viabilidad económica.
Vale recordar que el gobierno de Alberto Fernández pretendió expropiarla, pero debió desistir de la medida ante la reacción popular que se manifestó no solo en el norte santafecino sino en las principales capitales de provincias y una ruidosa movilización en la Capital Federal. Tampoco prosperó una iniciativa del gobierno santafecino, encabezado entonces por el kirchnerista Omar Perotti, de amparar a Vicentin detrás de la figura de una empresa mixta (estatal-privada). En todo este tiempo, la firma siguió trabajando y abonando sueldos [tiene 1200 empleados], mientras buscaba resolver su situación. A la par, los acreedores jugaron sus cartas hasta que el principal, el grupo Cima, aliado a Grassi, anunció que adquirió la deuda de Vicentin con algunos bancos extranjeros, lo que lo convirtió en un acreedor privilegiado.
La Corte provincial destacó que “acreedores completamente heterogéneos, con notorias diferencias cuantitativas y cualitativas en la naturaleza de sus créditos, votaron en una única clase existente”. Esto permitiría que algunos acreedores cobrarían la totalidad de sus créditos en el corto plazo, mientras que otros enfrentarían quitas sustanciales y plazos inciertos.
Diversas fuentes han venido señalando que la no homologación del acuerdo con los acreedores podría generar la quiebra de la empresa, ya que no está en condiciones de afrontar los gastos operativos ni los que demanda su funcionamiento, es decir, cumplir con sueldos y cargas sociales. Actualmente, las plantas de Vicentin, que funcionan en los puertos del Gran Rosario, trabajan a fasón, es decir procesan granos de terceros, operatoria que está condicionada al futuro inmediato de la empresa. En repetidas ocasiones se remarcó que la firma tiene fondos para los requerimientos de funcionamiento solo hasta el 28 de febrero, con lo cual se avecinan horas de decisiones importantes sobre la continuidad operativa de las plantas y su personal. “Para que Vicentin pueda subsistir tiene que trabajar, aún sin generar ganancias”, pero “la grave situación financiera impide continuar si no genera los recursos para cumplir con sus obligaciones”, según aseguró el apoderado del grupo, Guido Gabriel Ferullo, en un escrito elevado días atrás a la Corte.
En tanto, Gustavo Feldman, abogado de Commodities, se mostró satisfecho por la resolución de la Corte. “Era lo que yo esperaba. La resolución de la Cámara de Reconquista era jurídicamente insostenible porque la propuesta que acogía era absolutamente ilegal, fraudulenta, carente de sustento jurídico y basada en circunstancias fácticas desajustadas a la verdad”, dijo el letrado.
Situación: Vicentin cayó en default con una deuda de más de US$1500 millones y a los acreedores ofreció reconocerles en torno del 30% de las acreencias. En su propuesta la compañía planteó un plazo de pago a 12 años y sumó como respaldo para la continuidad de sus operaciones a Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Desde hace días la compañía vino alertando que la falta de una resolución sobre el concurso le significa un fuerte obstáculo para su continuidad.
En cuanto a una falta de categorización de acreedores, según el fallo la única categoría de acreedores quirografarios permitió la obtención de la conformidad de la mayoría en desmedro de una adecuada diferenciación entre los distintos tipos de acreedores. La Corte consideró que esta falta de distinción afectó la transparencia del proceso.
Además, la Corte provincial fustigó que la cámara de Reconquista que había tratado el caso se decidiera directamente por homologar antes que explorar otras alternativas. “El Tribunal a quo, previo a adentrarse en el examen sustancial del acuerdo, deja planteado de antemano un escenario de análisis sustentado en la lógica binaria ‘homologación o quiebra”, indicó. Apuntó que hizo un análisis “sesgado, disociado y fragmentario de los distintos elementos de juicio, producto de dar preponderancia principalmente a una de las tantas pautas a considerar, que permite traslucir una suerte de lógica binaria -homologar o quebrar”.
El fallo de la Corte de Justicia de Santa Fe está suscripto por el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, y los miembros integrantes, Daniel Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler y María Angélica Gastaldi. Los ministros varones votaron a favor de la norma comunicada esta tarde, mientras que Gastaldi, que se alejará del cargo en abril próximo, lo hizo en disidencia.
Por Sociedad Rural de Rosario.
La resolución judicial fue tomada tras el pedido del MPF en el marco de las múltiples investigaciones penales que afronta el extitular del Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción en relación a los delitos de prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.
La investigación de la Unidad Fiscal Rosario está relacionada con dos oficios que libró el juez, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, cuya finalidad era obtener información sobre medidas en su contra ordenadas en el marco de una causa en la que se lo investiga por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior.
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 55 años y sus iniciales son GAS. Los abusos fueron cometidos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024.
El magistrado es investigado junto al financista Fernando Whpei y al escribano Santiago Busaniche por maniobras concretadas en 2023 y 2024 durante el cepo cambiario, cuando hizo lugar a un amparo para que una financiera acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Negó la acusación. El martes próximo, el MPF formalizará una nueva imputación en contra del magistrado por “abuso de autoridad”.
La parcela está ubicada en un exclusivo predio de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Habrían pagado 70.000 dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en el juzgado del exmagistrado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. Se dispuso un embargo de 414 millones de pesos para el matrimonio.
El imputado viajaba con su hija de 4 años en un auto que no tenía chapa patente frontal y fue detenido en un control vehicular sobre la ruta en la localidad santafesina de Angélica. También le encontraron LSD, “cristal” y ketamina. Investigan si integraba una organización narcocriminal, ya que, al allanar su domicilio en la ciudad entrerriana de Paraná, se secuestraron más estupefacientes y elementos de estiramiento.
El reporte del tiempo de Sucesos indica para hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada con temperaturas de entre 20º la mínima y 37ºC de máxima, además, prevé que puedan llegar algunos intervalos nubosos pasadas las primeras horas de la tarde.
Un día como hoy, pero de 2001, casi tres semanas después de la implantación del corralito, se produce un estallido social que marcará el fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Hay siete muertos y más de 130 heridos en una jornada convulsionada en todo el país, con epicentro en el Conurbano. Por la noche, De la Rúa anuncia que implanta el estado de sitio. La respuesta de la gente es un gigantesco cacerolazo, con miles de autoconvocados en las calles. Al filo de la medianoche, renuncia el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
La firma BIOSINTEX S.A. ha iniciado de forma voluntaria, el retiro del mercado de once lotes del producto Lacrigestina. La medida se tomó porque los lotes no cumplen con el ensayo de pH.
Son un total de 64.020 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares quienes recibirán el premio mensual. La inversión total asciende a $ 6.993.087.869.
El ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado ante la posible circulación tras los episodios que se investigan en Neuquén.
