La Corte de Santa Fe rechazó homologar el concurso de Vicentin y hay incertidumbre sobre el futuro de la cerealera

“En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Resolvió: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”, dice el fallo del máximo tribunal provincial, que hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por el acreedor Commodities, ligado a la firma Grassi.

Esta tarde, conocida la resolución, en el directorio de la empresa se comenzó a evaluar la resolución y su alcance, mientras los letrados que trabajan en el caso realizaban un análisis exhaustivo sobre las decisiones que se adoptarán en las próximas horas, teniendo en cuenta la repercusión económica y financiera que dicha medida ocasiona.

Si bien la especulación es que tras esta decisión se abriría una instancia de cramdown para que un tercero realice una oferta por la compañía, eso todavía no es seguro ya que la Corte provincial decidió enviar lo actuado a una instancia inferior para un “nuevo pronunciamiento”. El tribunal de origen de la causa es la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Reconquista. Ahora irá a una cámara de Rafaela.

En un fallo de 114 páginas, el máximo tribunal advirtió, entre otras cosas, una falta de equidad en el trato a los acreedores, la ausencia de un control sustancial de la propuesta y la incertidumbre en su viabilidad económica.

Vale recordar que el gobierno de Alberto Fernández pretendió expropiarla, pero debió desistir de la medida ante la reacción popular que se manifestó no solo en el norte santafecino sino en las principales capitales de provincias y una ruidosa movilización en la Capital Federal. Tampoco prosperó una iniciativa del gobierno santafecino, encabezado entonces por el kirchnerista Omar Perotti, de amparar a Vicentin detrás de la figura de una empresa mixta (estatal-privada). En todo este tiempo, la firma siguió trabajando y abonando sueldos [tiene 1200 empleados], mientras buscaba resolver su situación. A la par, los acreedores jugaron sus cartas hasta que el principal, el grupo Cima, aliado a Grassi, anunció que adquirió la deuda de Vicentin con algunos bancos extranjeros, lo que lo convirtió en un acreedor privilegiado.

La Corte provincial destacó que “acreedores completamente heterogéneos, con notorias diferencias cuantitativas y cualitativas en la naturaleza de sus créditos, votaron en una única clase existente”. Esto permitiría que algunos acreedores cobrarían la totalidad de sus créditos en el corto plazo, mientras que otros enfrentarían quitas sustanciales y plazos inciertos.

Diversas fuentes han venido señalando que la no homologación del acuerdo con los acreedores podría generar la quiebra de la empresa, ya que no está en condiciones de afrontar los gastos operativos ni los que demanda su funcionamiento, es decir, cumplir con sueldos y cargas sociales. Actualmente, las plantas de Vicentin, que funcionan en los puertos del Gran Rosario, trabajan a fasón, es decir procesan granos de terceros, operatoria que está condicionada al futuro inmediato de la empresa. En repetidas ocasiones se remarcó que la firma tiene fondos para los requerimientos de funcionamiento solo hasta el 28 de febrero, con lo cual se avecinan horas de decisiones importantes sobre la continuidad operativa de las plantas y su personal. “Para que Vicentin pueda subsistir tiene que trabajar, aún sin generar ganancias”, pero “la grave situación financiera impide continuar si no genera los recursos para cumplir con sus obligaciones”, según aseguró el apoderado del grupo, Guido Gabriel Ferullo, en un escrito elevado días atrás a la Corte.

En tanto, Gustavo Feldman, abogado de Commodities, se mostró satisfecho por la resolución de la Corte. “Era lo que yo esperaba. La resolución de la Cámara de Reconquista era jurídicamente insostenible porque la propuesta que acogía era absolutamente ilegal, fraudulenta, carente de sustento jurídico y basada en circunstancias fácticas desajustadas a la verdad”, dijo el letrado.

Situación: Vicentin cayó en default con una deuda de más de US$1500 millones y a los acreedores ofreció reconocerles en torno del 30% de las acreencias. En su propuesta la compañía planteó un plazo de pago a 12 años y sumó como respaldo para la continuidad de sus operaciones a Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Desde hace días la compañía vino alertando que la falta de una resolución sobre el concurso le significa un fuerte obstáculo para su continuidad.

En cuanto a una falta de categorización de acreedores, según el fallo la única categoría de acreedores quirografarios permitió la obtención de la conformidad de la mayoría en desmedro de una adecuada diferenciación entre los distintos tipos de acreedores. La Corte consideró que esta falta de distinción afectó la transparencia del proceso.

Además, la Corte provincial fustigó que la cámara de Reconquista que había tratado el caso se decidiera directamente por homologar antes que explorar otras alternativas. “El Tribunal a quo, previo a adentrarse en el examen sustancial del acuerdo, deja planteado de antemano un escenario de análisis sustentado en la lógica binaria ‘homologación o quiebra”, indicó. Apuntó que hizo un análisis “sesgado, disociado y fragmentario de los distintos elementos de juicio, producto de dar preponderancia principalmente a una de las tantas pautas a considerar, que permite traslucir una suerte de lógica binaria -homologar o quebrar”.

El fallo de la Corte de Justicia de Santa Fe está suscripto por el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, y los miembros integrantes, Daniel Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler y María Angélica Gastaldi. Los ministros varones votaron a favor de la norma comunicada esta tarde, mientras que Gastaldi, que se alejará del cargo en abril próximo, lo hizo en disidencia.

Por Sociedad Rural de Rosario.