Se trata de siete miembros de la Policía de Acción Táctica de Santa Fe. Los investigan por un procedimiento fraguado en una vivienda particular de Rosario el 13 de agosto de 2024, de donde se apoderaron de unos quince ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
Judiciales20/02/2025
Daniel Espinoza
El juez de Garantías Carlos Vera Barros prorrogó la prisión preventiva por 60 días a siete integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Policía de la Provincia de Santa Fe, imputados por un allanamiento ilegal realizado en agosto pasado en la ciudad de Rosario, donde presuntamente robaron armas, dinero y cocaína, y autorizó la inhibición de sus bienes por 150 millones de pesos a cada uno. A todos se los investiga como coautores de delitos que van desde la privación coactiva de la libertad, la violación de domicilio, el robo agravado y el comercio de estupefacientes, hasta la asociación ilícita.
El requerimiento de extensión de la medida cautelar y la readecuación de la cautela patrimonial, lo formalizaron el titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, el fiscal federal Federico Reynares Solari, y las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García.
Los funcionarios policiales Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez, integrantes de la PAT, están imputados por un allanamiento ilegal realizado el 13 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio rosarino de Azcuénaga.
Según la investigación del MPF, en esa circunstancia, con violencia y bajo amenazas, privaron de su libertad a cinco personas -dos de ellas menores de edad- y se apoderaron de entre doce y quince ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos.
La investigación del caso también está a cargo del fiscal con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito y cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, fiscal federal Javier Arzubi Calvo.
Los policías fueron detenidos el 2 de octubre último tras una serie de allanamientos y, en el marco del plazo que establece el Código Procesal Penal Federal (CPPF), a las 48 horas les imputaron la coautoría de delitos de privación coactiva de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, se ordenó la prisión preventiva por 90 días para los primeros siete policías mencionados y el arresto domiciliaria por 30 días para Martínez. El 10 de enero pasado, se les amplió la imputación como coautores del delito de comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos, y por realizarlo tres o más personas en forma organizada.
Además, en esa audiencia, la fiscalía imputó por la comisión del delito de comercio de estupefacientes a Miriam Alejandra Gallegos, Guillermo Jonás Gallegos y Leonardo Manuel Gallegos, pareja y cuñados, respectivamente, del oficial Toledo.
Esas personas fueron detenidas el 9 de enero pasado, tras cinco allanamientos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, autorizados por el juez Vera Barros, en la que también intervinieron el fiscal Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes García, Sosa, y Andrés Montefeltro.
Es que los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías al momento de ser detenidos en octubre de 2024, evidenciaron que los familiares del policía se habrían quedado con la droga obtenida en el procedimiento ilegal, parte de la cual habrían trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde la habrían comercializado.
Vencimiento y prórroga de la prisión preventiva: Como el domingo pasado vencía la prisión preventiva ordenada al momento de la formalización de la investigación, dos días antes el fiscal Reynares Solari y las fiscales coadyuvantes Sosa y García solicitaron prorrogarla por 90 días para todos los policías, en una audiencia oral y pública ante el juez Vera Barros.
Reynares Solari - Imagen de archivo web.
Al argumentar su solicitud, los representantes del MPF sostuvieron que se trata de un caso de gravedad institucional, por ser miembros de las fuerzas de seguridad pública, y que existe la posibilidad de una pena en expectativa de cumplimiento efectivo (con un mínimo de 10 años de prisión según los delitos imputados).
En ese sentido, y en el marco de la investigación preparatoria, advirtieron que, de hacer lugar a una morigeración de la medida de coerción o a la libertad de los policías, existía riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación, en función de lo que indican los artículos 210, 221 y 222 del CPPF.
La fiscal Sosa justificó extender la prisión preventiva tras detallar que los policías no tienen arraigo, que la pertenencia a una estructura de poder les brindaría herramientas para entorpecer la investigación, que conocen a las víctimas y a los testigos, y que están pendientes los resultados de peritajes para la extracción y análisis de datos de 18 teléfonos celulares incautados.
Inhibición: Por su parte, el fiscal Reynares Solari argumentó sobre la necesidad de proceder a la formalización y readecuación de la cautela patrimonial de los imputados, para lo cual solicitó la registración de la inhibición sobre los bienes por un monto de 150 millones de pesos para cada uno de ellos.
El fiscal remarcó también la gravedad de los hechos, vinculados a la narcocriminalidad, con una repercusión patrimonial directa, ya que los montos en el mercado ilegal de la sustancia ilícita secuestrada “tenían un valor con alta expectativa de ganancia para cada uno de los imputados”, graficó.
Si bien Reynares Solari reconoció que no se puede cuantificar las maniobras que pudieran haber cometido con anterioridad a la intervención del MPF, explicó que en el caso bajo investigación “se secuestraron 15 kilos de cocaína, con un valor de mercado que supera los 7.500 dólares el kilo”, lo que significa unos 112.500 dólares.
Oposición: Mientras los imputados participaban de la audiencia por Zoom desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el juez cedió la palabra a las defensas, que coincidieron en rechazar el pedido de la fiscalía y solicitaron el cese inmediato de la prisión preventiva.
Los defensores particulares Sergio Casas (en representación de Robledo, Schneider y Ferreira); Jorge Silva (abogado de Balais); Héctor Pérez y Gabriela Ríos (por Toledo); y Gabriel Sarla (por Pérez) subsidiariamente ofrecieron cauciones y propusieron medidas alternativas al encierro efectivo, como la prisión domiciliaria con reglas de conducta y la colocación de dispositivos de control oficial de ubicación, como tobilleras electrónicas.
“Gravedad superlativa”: Al momento de resolver, el juez Vera Barros avaló la hipótesis del caso planteada por la fiscalía desde la formalización de la investigación. Indicó que había elementos que indicaban un peligro de fuga, que aún hay medidas pendientes por realizar en una investigación de carácter complejo y que los hechos bajo investigación son de “gravedad superlativa” por estar involucrado personal policial cuyo deber es prevenir e investigar los delitos que les imputaron.
Además de prorrogar la prisión preventiva efectiva de los policías por 60 días, consideró procedente el monto de la cautela patrimonial requerida por el MPF, y dispuso el registro de la inhibición de los bienes de los policías por 150 millones de pesos para cada uno.
Por Fiscales.gob.ar
En audiencia del día 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal, la Jueza de Primera Instancia Dra. Marcogliese condenó a Alex Almaraz a 5 años de prisión por hecho de robo de dinero en efectivo y de intento de robo de una motocicleta
Vivían en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Algunas de las víctimas no sabían leer ni escribir y estaban indocumentadas. El procedimiento fue ordenado tras la intervención de la fiscalía descentralizada, que ahora investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
En el marco de un acuerdo pleno se le impusieron penas de hasta un año y medio de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación de 3 años para ejercer cargos públicos. Los imputados habían pedido dinero en un frigorífico y al dueño de un bar a cambio de no involucrarlos en casos de contaminación ambiental y venta de drogas, respectivamente.
Se trata de Fernando Daniel Dip, de 28 años. Atacó a la víctima con un cuchillo mientras estaban solos en una vivienda. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
Durante la audiencia de formalización se comunicó a los imputados el hecho, las pruebas reunidas hasta el momento y la calificación legal provisoria del caso. El cuadro “Retrato de una Dama” había sido entregado ayer al MPF por el abogado de los acusados. Quedó sin efecto su arresto domiciliario, pero se dispusieron otras medidas de coerción como la prohibición de salida del país. El fiscal destacó que el encubrimiento es de carácter agravado porque “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.
La Unidad Fiscal Santa Fe resolvió el caso en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno. Los condenados son de nacionalidad peruana y boliviana. Fueron condenados por el ingreso ilegal al país procedentes de Bolivia en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de 30.500 dólares. La investigación no halló elementos sobre tráfico de estupefacientes.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la PDI y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. La víctima relató que el pasado 8 de agosto fue interceptada en barrio Triángulo y Moderno y obligada a subir a una camioneta bajo amenazas de muerte.
La deuda corresponde a prestaciones brindadas a santafesinos con cobertura, pero atendidos en efectores estatales. El PAMI y cuatro obras sociales concentran la mitad del monto total, con más de 3.000 millones.
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que la siembra de maíz crecerá 16,8%, hasta 9,7 millones de hectáreas, la segunda mejor cifra de la historia. Del otro lado, se confirma la fuerte baja de la soja, con 1,35 millones de hectáreas menos en esta estimación.
La herramienta podría servir en un futuro para diagnosticar diversas patologías.
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