El informe “Muertes en cárceles federales” detalla que 62,5% de los casos corresponde a personas privadas de libertad en el área metropolitana de Buenos Aires. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza registra 13 decesos -6 de ellos traumáticos- y es el establecimiento con mayor número de casos.
Judiciales25/02/2025
Daniel Espinoza
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que durante 2024 murieron 40 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), de acuerdo con su informe anual Muertes en cárceles federales, elaborado por su Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias.
El documento, que se puede descargar desde esta misma página y desde el micrositio de la procuraduría, indica que entre enero y diciembre del año pasado ocurrieron 40 decesos en contexto de encierro. Si bien esa cifra representa un incremento del 33,3% en relación al año anterior, la procuraduría aclara que 2023 había finalizado con 30 muertes, el menor registro anual de esa variable en la última década.
El informe analiza diferentes variables en relación con la población penal, entre las cuales pone de relieve las siguientes:
De las muertes totales, 37 corresponden a hombres y 3 a mujeres, lo que expresa una representación porcentual de 92,5% y 7,5%.
La edad media de las personas fallecidas en forma no traumática es de 52 años y la media de decesos en forma traumática es de 31 años.
Respecto de la situación procesal de las personas fallecidas, el 37,5 % se encontraban procesadas, mientras que el 62,5% había recibido condena.
El 67,5% (27) de las muertes fueron no traumáticas y el 32,5% (13) fueron traumáticas, lo cual -añade- pone de manifiesto la prevalencia de enfermedades o afecciones de salud como las principales causas de los fallecimientos registrados en los últimos diez años.
Las muertes traumáticas afectaron a 11 hombres y a 2 mujeres y se produjeron por ahorcamiento (5 casos), quemaduras (4), heridas cortopunzantes (3) e ingesta de una cápsula con estupefacientes (1).
2 de los 3 casos registrados de fallecimiento de mujeres fueron como consecuencia de eventos violentos (ahorcamiento y quemaduras en incendio), dato que contrasta con los registros de 2022 y 2023, donde esta población no registró fallecimientos.
El 20% de las muertes (8) registradas corresponde a personas de nacionalidad extranjera, con el siguiente desglose: 2 de Paraguay, 2 de Colombia, 1 de Cuba, 1 de Perú, 1 de Bolivia y 1 de Uruguay.
En los últimos diez años las muertes en cárceles evolucionaron de la siguiente manera: 2015, 40; 2016, 36; 2017, 41; 2018, 41; 2019, 50; 2020, 58; 2021, 50; 2022, 42; 2023, 30; y 2024, 40.
Los escenarios de las muertes: El informe puntualiza que el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza es el establecimiento con mayor número de decesos, 13 en total, lo cual representa el 32,5% del total de muertes. Esa prisión registró un incremento interanual de 8 a 13 casos.
En ese establecimiento ocurrieron 6 (es decir, un 46,2%) de las 13 muertes traumáticas en todo el país: 3 por ahorcamiento y 3 como consecuencia de quemaduras en incendios.
Las muertes registradas el año pasado ocurrieron en 17 cárceles federales. Detrás de aquel complejo, le siguen, con tres casos cada uno, el CPF de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto), el CPF III (Salta) y la Unidad Penitenciaria N°7 (Resistencia), y, con dos casos por establecimiento, el CPF II (Marcos Paz), el CPF VII (Ezeiza), el CPF VI (Cuyo), la Unidad Penitenciaria N°10 (Formosa) y la Unidad N°34 de Campo de Mayo.
Finalmente, se registró un caso en cada uno de los siguientes establecimientos: el CPF IV (Ezeiza), el CPF de Jóvenes Adultos (Marcos Paz), el CPF V (Senillosa, Neuquén), y las unidades penitenciarias N°12 (Santa Rosa), N°16 (Salta), N° 6 (Rawson) y N° 8 (Jujuy).
En ese contexto, señala el informe, el 62,5% de los 40 casos de todo el país corresponde a muertes de personas que se encontraban privadas de la libertad en cárceles ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Objetivos y metodología: La PROCUVIN señala que el informe tiene como objeto la identificación, tipificación y dimensionamiento de las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios federales, además de su clasificación según su tipología, entre otros objetivos.
Desarrolla esta tarea desde 2013, a partir del registro, contabilización y análisis de los partes de notificación de fallecimientos enviados por el SPF. Esa información es cotejada con la de otros organismos de monitoreo, entre ellos la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Los datos estadísticos son ingresados a la “Base de Fallecimientos en Contextos de Encierro”, que es construida y actualizada por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias, y conforma la fuente principal para la elaboración de este informe.
Por Fiscales.gob.ar
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit. El imputado tiene 30 años y sus iniciales son GSO. Estaba prófugo desde mayo de 2024 y fue detenido en la provincia de Chaco. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por la madre de la niña.
El imputado tiene 45 años y sus iniciales son GAV. Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit
La Sala B entendió que se habían omitido las pretensiones de un grupo de afectados representado por otra organización y porque la empresa no ofreció restituir las sumas que percibió indebidamente en razón de prácticas abusivas. También puso de relieve que, previo a la homologación, no se había solicitado la opinión de la fiscalía que ordena la Ley de Defensa del Consumidor.
Un joven de 18 años cuyas iniciales son CV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos robos cometidos a remiseros de Venado Tuerto. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Paula Borrello a partir del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, quien está a cargo del legajo penal iniciado a raíz de los dos ilícitos.
Bajo el sistema acusatorio, el caso se resolvió en cinco meses con el dictado de la sentencia en el marco de un acuerdo pleno. Las penas fueron de 4 años y 6 meses de prisión y de 3 años de prisión condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y otros delitos. Uno de los condenados intentó sobornar a la policía en el momento de su detención.
Se trata de Miguel Ángel De Armas, de 72 años. La víctima era amiga de su hijo, también menor de edad. La fiscal que investigó lo ocurrido es Rafaela Florit.
Los magistrados se entrevistaron con personas privadas de su libertad, en el marco de las tareas de monitoreo previstas en la ley orgánica del MPF y en la Resolución PGN que diseña las estructuras del organismo en el sistema acusatorio. La cárcel, inaugurada en diciembre pasado, tiene actualmente a 167 reclusos y 230 plazas habilitadas de un total planificado de 464.
Vialidad Nacional prosigue con las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 7, entre la laguna La Picasa, Aarón Castellanos y Rufino.
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