La medida fue tomada por la Cámara Federal de Rosario, pero recién se efectivizará si prospera el desafuero. El tribunal rechazó las impugnaciones planteadas por la defensa y morigeró parcialmente las medidas de coerción personal y patrimonial impuestas al titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad santafesina, cuando quedó imputado de varios delitos funcionales. Se le redujo el monto del embargo económico de 1.500 a 600 millones de pesos.
Judiciales22/05/2025
Daniel Espinoza
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso la prisión domiciliaria por 90 días para el juez federal Marcelo Bailaque, imputado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario, aunque la medida de coerción sigue en suspenso, a la espera del resultado del proceso disciplinario que el magistrado afronta ante el Consejo de la Magistratura.
La decisión del tribunal -integrado por los jueces con funciones de revisión Aníbal Pineda, Fernando Barbará y la jueza Elida Vidal-, fue dada a conocer el lunes pasado, tras la audiencia en la que se debatieron las impugnaciones de la defensa respecto de las medidas de coerción personal y patrimoniales ordenadas por el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, cuando el 30 de abril dio por formalizada la investigación de tres legajos penales contra Bailaque, le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva y ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.
Tras la audiencia de formalización, el juez Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, conductas contrarias a derecho que habría cometido como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario.
En tanto, el 13 de mayo pasado y en una investigación conexa a uno de los tres legajos en los que está acusado el juez, también fue imputado por extorsión y tráfico de influencias el financista Fernando Elías Whpei.
Las investigaciones son impulsadas por el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.
De las diversas audiencias que tuvieron lugar en la investigación, que se lleva adelante bajo las reglas del sistema acusatorio establecidas en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los fiscales titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Rechazo ante el posible entorpecimiento: Durante la audiencia de impugnación que se desarrolló entre el viernes y el lunes pasados, los fiscales rechazaron los planteos de la defensa y fundamentaron la necesidad de mantener la prisión preventiva en los términos en los que fue dispuesta por el juez Rodrigues Da Cruz.
En ese sentido, advirtieron sobre el riesgo de que la investigación pueda ser entorpecida en atención a las herramientas a las que puede acceder Bailaque en atención a que aún conserva su rol de juez federal, tales como el acceso a testigos y al sistema informático del Poder Judicial. También resaltaron la gravedad de las conductas que se le atribuyen en la compleja investigación.
Además, el MPF sostiene desde el inicio de las investigaciones que la calificación es un concurso real e ideal de delitos, y que uno de ellos, el de extorsión, tiene una pena mínima de prisión de 5 años, lo cual establece la imposibilidad de una condena condicional.
Tras el debate que tuvo lugar el viernes, el tribunal pasó a un cuarto intermedio, y el lunes último al mediodía dio a conocer su decisión de rechazar la impugnación planteada por los abogados defensores Claudio Pucinelli y Alejandro Parolo en torno a las imputaciones formuladas por el MPF. Los jueces avalaron la investigación de la fiscalía y sostuvieron que cuenta con elementos para apuntalar la posible participación de Bailaque en los hechos delictivos que le fueron atribuidos.
Medida en suspenso: Al dar conocer los fundamentos de lo resuelto, el juez Pineda indicó “que el peligro de entorpecimiento de las investigaciones que manifestó la fiscalía, y sobre las cuales solicita las medidas cautelares, se neutralizará con el arresto domiciliario de Bailaque, ya que la mejor de las distintas opciones que establece el Código Procesal Penal Federal, es la prevista en el inciso ‘J’ del artículo 210, que se refiere básicamente al arresto en su propio domicilio”.
No obstante, aclaró que la medida cautelar “será posible, conforme lo establece la Ley 25.320 en el artículo 1 cuando, en su caso, el Consejo de la Magistratura analice la situación, si corresponde hacer lugar o no a un desafuero o a una suspensión provisoria”.
“Recordemos que el artículo 1 de la Ley 25.320 establece que en caso de dictarse una medida que vulnere la inmunidad de arresto, será efectiva si el Consejo de la Magistratura analiza la suspensión, desafuero o cualquier medida al respecto”, amplió el presidente del tribunal.
Respecto al plazo de la prisión domiciliaria, la medida de coerción se dispuso por el término de 90 días.
Luego, la jueza Vidal se refirió a la aplicación de la medida cautelar y comunicó que la decisión del tribunal era reducir la inhibición sobre los bienes muebles e inmuebles del imputado de 1.500 millones a 600 millones de pesos.
Por Fiscales.gob.ar
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.
Se trata del ciudadano peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, a quien le unificaron diferentes condenas por narcocriminalidad en una pena única de 21 años de prisión, y del contador Gustavo Shanahan, condenado a 7 años de prisión. El tribunal revisor se pronunció en línea con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechacen los recursos de las defensas de los cinco condenados en un proceso oral y público concluido en 2023.
Las cautelares fueron dispuestas a pedido del fiscal Damián Cassullo, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Las personas a las que se investiga son dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 30 años. Se les atribuyeron robos en locales comerciales y en una vivienda, así como intimidaciones violentas hacia las víctimas, dos de las cuales fueron privadas ilegítimamente de su libertad durante los ilícitos.
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.
La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra se reunió en tarde de ayer (10/6), bajo la coordinación del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, Adrián Pagán.
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Durante la madrugada, personal policial de Rufino detuvo a un sujeto de 21 años de edad, acusado de estafa, hurto y violación de domicilio ubicado en calle San Juan al 400, Rufino.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la cifra inflacionaria registrada durante el mes de mayo en Argentina, acumulando un 43,5% interanual.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) informó que el Plenario de secretarios generales decidió aceptar el 8% ofrecido por el Gobierno provincial.
