Se trata de Juan Marcelo Robledo, de 36 años. El monto de la pena resultó de la unificación con una condena anterior. El hecho ilícito fue cometido en marzo del año pasado en un negocio ubicado en Catamarca y Vega Guerra. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Mauro Menéndez.
Judiciales29/05/2025
Daniel Espinoza
Un hombre de 36 años identificado como Juan Marcelo Robledo fue condenado a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por una amenaza cometida en Rufino (departamento General López). El ilícito fue en un local comercial, en perjuicio de su propietaria.
La sentencia fue ordenada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rufinenses.
El fiscal Mauro Menéndez estuvo a cargo de la investigación. En tal sentido, precisó que “el monto de la pena impuesta a Robledo resultó de la unificación de ocho meses de prisión con una condena anterior que era de cumplimiento condicional”, y aclaró que “en función del nuevo ilícito, se revocó esa modalidad de ejecución”.
Por su parte, la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad.
Amenazas: Menéndez indicó que “el domingo 24 de marzo del año pasado a la tarde, el condenado amedrentó a la dueña de un negocio ubicado en Catamarca y Vega Guerra”. Al respecto, expuso que “al ser atendido, le recriminó que ella no les había querido vender nada a otros dos hombres porque son amigos de él”.
“En el marco de la discusión, la mujer le dijo a Robledo que tampoco aceptaba que él fuera su cliente y lo instó a irse del local”, puntualizó. “Entonces, él la amenazó con quitarle la vida”, remarcó.
En cuanto a la detención, Menéndez señaló que “Robledo fue privado de su libertad por agentes del Comando Radioeléctrico de Rufino, a partir de un procedimiento policial que se realizó en una vivienda en la que él residía”.
Responsabilidad penal: En la audiencia en la que se resolvió la condena, Robledo reconoció su responsabilidad penal como autor de amenazas y, junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva, la pena única impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
Prensa y Difusión MPA.
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.
Se trata del ciudadano peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, a quien le unificaron diferentes condenas por narcocriminalidad en una pena única de 21 años de prisión, y del contador Gustavo Shanahan, condenado a 7 años de prisión. El tribunal revisor se pronunció en línea con el dictamen del fiscal general Raúl Pleé, quien había solicitado que se rechacen los recursos de las defensas de los cinco condenados en un proceso oral y público concluido en 2023.
Las cautelares fueron dispuestas a pedido del fiscal Damián Cassullo, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. Las personas a las que se investiga son dos mujeres y dos hombres de entre 18 y 30 años. Se les atribuyeron robos en locales comerciales y en una vivienda, así como intimidaciones violentas hacia las víctimas, dos de las cuales fueron privadas ilegítimamente de su libertad durante los ilícitos.
La fiscalía había pedido bloquear esa cifra de USDC identificados en una dirección de la blockchain de la plataforma Solana. La medida fue resuelta favorablemente por la jueza federal María Servini que libró un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos. La investigación procura establecer las circunstancias que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron las personas investigadas en los sucesos, que podrían encuadrar en las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
De las siete personas investigadas, seis deberán responsar en calidad de autores y uno, el funcionario policial, como partícipe necesario de ese delito. Para los representantes del MPF, el niño “no se extravió” y todos los imputados “intervinieron de manera coordinada” en su sustracción y posterior ocultamiento. También solicitaron la extracción de testimonios para que continúe la investigación para hallar al niño de 5 años desaparecido hace casi un año en la localidad correntina de 9 de Julio.
La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $Libra se reunió en tarde de ayer (10/6), bajo la coordinación del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, Adrián Pagán.
Los acusados son un ciudadano boliviano y otro peruano. Quedaron imputados por contrabando de dinero, cruce clandestino de la frontera y falsificación de un objeto registrado. La pesquisa reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe y descubrió una escala previa en un campo bonaerense.
Durante la madrugada, personal policial de Rufino detuvo a un sujeto de 21 años de edad, acusado de estafa, hurto y violación de domicilio ubicado en calle San Juan al 400, Rufino.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la cifra inflacionaria registrada durante el mes de mayo en Argentina, acumulando un 43,5% interanual.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) informó que el Plenario de secretarios generales decidió aceptar el 8% ofrecido por el Gobierno provincial.
