Es por hechos ocurridos en su gran mayoría en la ciudad de Río Cuarto, que incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y abusos sexuales. La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de esa ciudad, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.
Judiciales24/06/2025
Daniel Espinoza
La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción Córdoba requirió que sean juzgados en juicio oral y público 24 expolicías provinciales y federales y exmilitares por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 contra 70 víctimas, la mayoría de los cuales fueron perpetrados en la ciudad de Río Cuarto.
Con la firma del fiscal Carlos Gonella y de los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, el pedido desarrolla 62 hechos ocurridos entre 1975 y finales de 1978. La pieza acusatoria califica los crímenes como privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual, entre otros.
La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad, además de integrantes del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial; de las secciones 1° y 3° del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar integrante del Regimiento de Infantería Aerotransportada N° 2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba. Por algunos hechos fueron imputados integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, que integran el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311, y el jefe de la Sub Área militar 3115 (Río Cuarto), que posteriormente pasó a denominarse Área 315.
El personal del Ejército acusado incluye a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los exmayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los exsuboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.
En tanto, los policías provinciales imputados son los excomisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli; el exsargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez.
Incluso las personas puestas a disposición judicial fueron torturadas antes y después de la intervención del juzgado, donde denunciaron los crímenes. La fiscalía puso de relieve que, sin embargo, no existen constancias de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos.
Los expolicías federales acusados son los excomisarios Carlos Jesús Reguerisa y Carlos Miguel Tronchín; el excabo Roberto Ernesto González Fossat; y Ramón Alfredo Navarro.
De acuerdo con la acusación fiscal, los lugares en los que se desarrollaron los hechos fueron instituciones legales que al mismo tiempo funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura, como las sedes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal y la de la URS en Río Cuarto, el Batallón Arsenales José María Rojas de la localidad de Holmberg y la jefatura de la Subárea 3115, además del edificio del D2 y la Unidad Penitenciaria N°1. También se incluyeron casos ocurridos en otros centros clandestinos, como La Perla y Campo la Ribera.
El requerimiento de elevación a juicio también refiere casos que se iniciaron en Rosario, Santa Fe y San Luis, que tuvieron como víctimas a personas que fueron trasladadas a aquellos lugares de detención situados en Córdoba. También se hace alusión a ocho casos de delitos sexuales ocurridos en la Unidad Regional, en la sede de la Policía Federal y en la cárcel.
De acuerdo con la descripción realizada por la fiscalía, gran parte de las víctimas se encontraban vinculadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en calidad de estudiantes o personal docente y no docente, e incluso en uno de los casos el secuestro se produjo dentro de la misma casa de estudios.
Imagen de archivo web.
Torturas a un grupo de estudiantes universitarios: Según relata la fiscalía, gran parte de los estudiantes que fueron víctima de estos hechos estaban vinculados a la Juventud Universitaria Peronista y el Peronismo de Base. En la gran mayoría, fueron investigadas por el Juzgado Federal de Río Cuarto por supuesta infracción a la ley 20.840, de Seguridad Nacional, y, en el resto, sometidas a un consejo de guerra, en el ámbito castrense.
De acuerdo con la acusación, incluso las personas puestas a disposición judicial fueron torturadas antes y después de la intervención del juzgado, donde denunciaron los crímenes. La fiscalía puso de relieve que, sin embargo, no existen constancias de que se hayan iniciado actuaciones para investigar esos delitos, lo cual -en la perspectiva del MPF- pone en evidencia el encubrimiento de los funcionarios judiciales que actuaron en esa época, quienes no fueron imputados dado que fallecieron.
La fiscalía marcó que en los documentos incorporados a la causa hay memorandos obtenidos del acervo de la Delegación Córdoba de la Policía Federal que corroboran las tareas de inteligencia que se desarrollaban desde allí respecto a la militancia política que ejercían determinadas personas de la ciudad de Río Cuarto en general y la universidad en particular.
Secuestros y asesinatos: Entre los casos requeridos a juicio se encuentra el que tuvo por víctima al militante del Partido Comunista Gabriel Braunstein Maiden, quien continúa desaparecido. De acuerdo con la acusación fiscal, el 10 de junio de 1976 policías y militares, sin uniforme ni identificación, armados y a bordo de dos autos, lo secuestraron en su domicilio, situado en la planta alta de una estación de servicio en Río Cuarto, tras reducir a un empleado y a un cliente. Luego irrumpieron en la vivienda, donde se encontraban Braunstein, su pareja y dos amigas.
De acuerdo con la acusación fiscal, los lugares en los que se desarrollaron los hechos fueron instituciones legales que al mismo tiempo funcionaban como centros clandestinos de detención y tortura.
La fiscalía marcó que, luego de inmovilizar a las mujeres presentes y de llevarse a Braunstein, saquearon objetos de valor. La víctima fue trasladada a un lugar desconocido, donde la mantuvieron secuestrada brevemente.
Posteriormente, el cuerpo de un hombre, asesinado a balazos y luego quemado y abandonado, apareció en un campo en Calamuchita, a 100 kilómetros de Río Cuarto. El cadáver no fue identificado y fue registrado como N.N., y se dio intervención al fuero federal. El 22 de julio los restos fueron trasladados desde la morgue y fueron inhumados en una fosa común del Cementerio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, sin previa identificación ni autopsia que determinara las causas concretas de su muerte. Para la fiscalía, existen indicios de que aquellos restos pueden haber pertenecido a Braunstein, pero no es posible dar certezas ya que nunca se encontró su cuerpo.
La acusación fiscal también incluye el caso de un matrimonio compuesto por los docentes de la universidad Ernesto Silber -asesinado en la tortura- y Juana Josefa Chessa. Allí se relata que la pareja fue secuestrada el 9 de agosto de 1976 por la tarde por personal de la URS. De acuerdo con la descripción de la fiscalía, Silber se encontraba en dependencias de la universidad y fue privado de su libertad en virtud de información proporcionada a las fuerzas estatales por el entonces director de Despacho General de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Raúl Antonio Ponce Schmiedecke, quien lo vinculó a la organización “Montoneros”. Silber fue reducido y trasladado a su domicilio particular, que fue allanado. Horas después su esposa se presentó en la casa y también fue secuestrada.
La pareja fue trasladada a la URS, donde permaneció ilegalmente privada de su libertad. La fiscalía marcó que la mujer fue sometida a tormentos psíquicos, pues estuvo incomunicada -aunque pudo intercambiar algunas palabras con su esposo a través de las ventanas, hasta que la situación fue advertida por los guardias y entonces Silber fue enviado a un recinto más lejano-, carente de información de los motivos de detención de ella y de su marido y en condiciones inhumanas de alojamiento.
El requerimiento de elevación a juicio refiere que el personal policial sometió a Silber a tormentos psíquicos y físicos, como el llamado “submarino” y otras prácticas similares, como “mojarra”, con los que se le impidió o dificultó la respiración, lo cual provocó su muerte por asfixia. El deceso fue presentado luego como un suicidio por los ejecutores del crimen. Chessa, en tanto, fue interrogada por personal policial y militar, y liberada el 17 de agosto, ocho días después de su detención. Según informó la fiscalía, los autores directos de estos crímenes fallecieron.
Por Fiscales.gob.ar
“Vamos a defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe”. El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti.
Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.
El cargamento fue hallado en el marco de allanamientos vinculados a la investigación de un resonante crimen ocurrido en junio de 2024 en la capital de la provincia. Ante el hallazgo de la droga, la unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio intervención a la fiscalía federal. La media tonelada del estupefaciente fue valuada en más de un millón y medio de dólares.
𝐒𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐨́ 𝐚 𝟒 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 (𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐢𝐨) 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐀𝐥𝐳𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐚𝐥 𝟗𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨.
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El inicio se dio en los Tribunales de San Cristóbal, en el marco de un proceso por homicidio calificado y tentativa de femicidio. Participaron 12 jurados titulares y 2 suplentes, todos ciudadanos comunes.
Un día como hoy, pero de 2000, en un accidente de auto en la autopista Buenos Aires-La Plata pierde la vida el cantante Rodrigo Bueno. Tenía 27 años y el último año de su vida se había convertido en un fenómeno de masas, que popularizó el cuarteto cordobés en todo el país. Dio una serie de shows a sala llena en el Luna Park en las semanas previas a su muerte. En el accidente también muere uno de sus acompañantes, Fernando Olmedo, hijo del capocómico Alberto Olmedo.´
Así lo confirmó el Gobierno cordobés. Indicando que corresponde a los haberes de la primera cuota del sueldo anual complementario. Se abonará en un único turno a los activos y pasivos.
El cargamento fue hallado en el marco de allanamientos vinculados a la investigación de un resonante crimen ocurrido en junio de 2024 en la capital de la provincia. Ante el hallazgo de la droga, la unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio intervención a la fiscalía federal. La media tonelada del estupefaciente fue valuada en más de un millón y medio de dólares.
Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.
El reporte climático de Sucesos indica para mañana 26 de junio, una jornada mayormente despejada, con temperaturas que estarán entre -1° la mínima y 15°C de máxima.
