Un gendarme y un policía, ambos de 43 años, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se les endilgó haber privado ilegítimamente de la libertad a un hombre "lo amenazaban con dos armas de fuego, le aseguraban que iban a matarlo de un tiro en la cabeza y arrojarlo al río”, indicó el fiscal Ezequiel Hernández.
Judiciales05/12/2023
Daniel Espinoza
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Ezequiel Hernández, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El integrante de la fuerza nacional cumplía tareas pasivas mientras que el agente policial trabajaba en la comisaría número 14. Los delitos fueron cometidos en octubre de este año y a los imputados se les atribuyó haber amedrentado a la víctima con armas de fuego mientras le exigían que les brindara información sobre un robo.
Un gendarme y un policía, ambos de 43 años, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se les endilgó haber privado ilegítimamente de la libertad a un hombre al que además amenazaron en San José del Rincón (departamento La Capital). De acuerdo con la atribución delictiva, durante el amedrentamiento le aplicaron apremios con armas de fuego a la víctima para exigirle información relacionada a un robo.
La medida cautelar para el integrante de la fuerza de seguridad nacional, cuyas iniciales son DOS, fue impuesta por el juez Jorge Patrizi, en una audiencia desarrollada en la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, la privación de la libertad del otro imputado, de iniciales UMB, fue ordenada por la jueza Celeste Minniti en otra audiencia realizada en la capital provincial.
La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien se desempeña en la Sección Violencia y Corrupción Institucional la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Comisaría 14: En cuanto al policía, el funcionario del MPA señaló que “la jueza que le impuso la medida cautelar hizo hincapié en que se trató de ‘un hecho extremadamente violento’”.
“La magistrada también contempló el riesgo que implicaba que el imputado haya trabajado hasta el momento de los hechos en la comisaría número 14, localizada en Rincón, en la que se referencia el hombre intimidado”, sostuvo. “Si el investigado hubiese recuperado su libertad, sus compañeros hubieran tenido que intervenir ante cualquier inconveniente entre la víctima y él”, explicó el fiscal.
En una camioneta: Hernández indicó que “alrededor de las 22:00 del sábado 28 de octubre de este año, el gendarme -quien estaba vestido de civil y desde hacía tiempo cumplía tareas pasivas- y el policía -uniformado-, ingresaron a una casa de Rincón”. En tal sentido, planteó que “entraron sin observar las formalidades prescriptas por la ley”.
Relató que “luego de revisar el domicilio en búsqueda de bienes que el gendarme manifestaba que le habían sido sustraídos, ambos imputados privaron ilegalmente de la libertad, al menos por dos horas, a un hombre de 23 años que vive en el inmueble”. Al respecto, puntualizó que “el agente policial actuó con abuso de sus funciones públicas”.
El fiscal expuso que “mediante intimidación y engaños, lograron que la víctima subiera a una camioneta que le pertenece al gendarme”, y agregó que “le dijeron que se dirigirían a la comisaría número 14, pero no tenían previsto ir allí”.
Fiscal Ezequiel Hernández.
En tanto, el funcionario del MPA subrayó que “dentro del vehículo, los agentes públicos ejercieron coacción psicológica contra el hombre al que habían instado a acompañarlos”. Según afirmó, “mientras lo amenazaban con dos armas de fuego, le aseguraban que iban a matarlo de un tiro en la cabeza y arrojarlo al río”.
“La coacción fue desplegada con el objetivo de que la víctima aportara datos sobre el robo sufrido por el gendarme”, aseveró Hernández. “Atemorizado, el hombre privado de su libertad en la camioneta les marcó a los atacantes diferentes domicilios en los que podía estar una persona involucrada en el delito contra la propiedad”, especificó. “Los coautores fueron hasta esos lugares e ingresaron sin las formalidades requeridas”, agregó.
“Finalmente, la víctima fue devuelta a su casa y, al llegar, el gendarme y el policía volvieron a entrar de forma ilegítima”, resaltó el fiscal. “Frente a testigos, el imputado de iniciales UMB amedrentó nuevamente al hombre que sufrió los ilícitos”, apuntó.
Arma de fuego: Hernández mencionó que “el policía además es investigado por la tenencia ilegítima de una escopeta de un tubo cañón, calibre 16”. Detalló que “más allá de que el arma está en un mal estado de conservación que impacta en su eficiencia, es apta para efectuar disparos”.
Imagen de archivo (modo ilustrativa)
Delitos: A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y allanamiento ilegal. Por su parte, al policía también se le endilgó la autoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Oficina de Prensa y Difusión MPA.
De acuerdo con la pesquisa, durante un año y medio subalquilaron inmuebles a Maximiliano Adrián Ortigoza, quien estaba prófugo del fuero federal de Córdoba y fue detenido en un departamento donde tenía una “cocina” de droga. La fiscalía marcó la importancia de investigar la cobertura con la que cuentan las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Un “superior de servicio” de la Policía de Acción Táctica (PAT) fue imputado de omitir evitar torturas y por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad agravada, entre otros delitos. A seis de sus subalternos, investigados por un allanamiento ilegal donde se habrían robado 15 kilos cocaína, ahora se les ampliaron las imputaciones por someter a las víctimas con una picana. Para todos, el juez dictó o prorrogó las prisiones preventivas.
La Unidad Fiscal AMIA requirió la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal, que permite que se lleve a cabo el juicio en ausencia para diez imputados declarados rebeldes y con pedidos de captura internacional, acusados de haber tomado parte como autores y partícipes en la planificación, ejecución y apoyo del atentado terrorista cometido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
Se trata de José Gregorio Vivas de 53 años, quien perpetró los ilícitos en 2015. Atacó a Mario D’Ángelo y a Graciela Picech con golpes y con un cuchillo. La pena fue impuesta por unanimidad en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Melincué.
La fiscalía solicitó la aplicación del nuevo instituto del régimen procesal para el exteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Carlos Malatto, quien fue enviado a juicio en 2011 junto a otros siete imputados, pero se fugó a Italia antes del comienzo del debate. En ese país enfrenta otra causa por ocho homicidios ocurridos en San Juan en 1976 y 1977.
El hecho ocurrió en agosto de 2024 y se resolvió en seis meses bajo el sistema acusatorio y a través de un acuerdo pleno de las partes. Un tercer implicado en la retención de la víctima también aceptó su participación en el secuestro y espera el juicio de cesura para determinar la pena que le será impuesta.
El período de preinscripción se extiende hasta el 9 de mayo, en 47 especialidades de medicina, enfermería, bioquímica, psicología, trabajo social y terapia ocupacional.
Efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron hoy a un hombre de 31 años en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 1600.
El suceso fue registrado durante la madrugada de hoy, un joven de 20 años fue víctima de un robo con arma blanca en la intersección de calles Balcarce y Las Heras.
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Tras intentar estafar a un comerciante de Rufino con comprobante de transferencia falso, dos jóvenes de 20 y 27 años, ambos domiciliados en Venado Tuerto, fueron detenidos por personal policial.
