Un gendarme y un policía, ambos de 43 años, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se les endilgó haber privado ilegítimamente de la libertad a un hombre "lo amenazaban con dos armas de fuego, le aseguraban que iban a matarlo de un tiro en la cabeza y arrojarlo al río”, indicó el fiscal Ezequiel Hernández.
Judiciales05/12/2023
Daniel Espinoza
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Ezequiel Hernández, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El integrante de la fuerza nacional cumplía tareas pasivas mientras que el agente policial trabajaba en la comisaría número 14. Los delitos fueron cometidos en octubre de este año y a los imputados se les atribuyó haber amedrentado a la víctima con armas de fuego mientras le exigían que les brindara información sobre un robo.
Un gendarme y un policía, ambos de 43 años, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se les endilgó haber privado ilegítimamente de la libertad a un hombre al que además amenazaron en San José del Rincón (departamento La Capital). De acuerdo con la atribución delictiva, durante el amedrentamiento le aplicaron apremios con armas de fuego a la víctima para exigirle información relacionada a un robo.
La medida cautelar para el integrante de la fuerza de seguridad nacional, cuyas iniciales son DOS, fue impuesta por el juez Jorge Patrizi, en una audiencia desarrollada en la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, la privación de la libertad del otro imputado, de iniciales UMB, fue ordenada por la jueza Celeste Minniti en otra audiencia realizada en la capital provincial.
La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien se desempeña en la Sección Violencia y Corrupción Institucional la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Comisaría 14: En cuanto al policía, el funcionario del MPA señaló que “la jueza que le impuso la medida cautelar hizo hincapié en que se trató de ‘un hecho extremadamente violento’”.
“La magistrada también contempló el riesgo que implicaba que el imputado haya trabajado hasta el momento de los hechos en la comisaría número 14, localizada en Rincón, en la que se referencia el hombre intimidado”, sostuvo. “Si el investigado hubiese recuperado su libertad, sus compañeros hubieran tenido que intervenir ante cualquier inconveniente entre la víctima y él”, explicó el fiscal.
En una camioneta: Hernández indicó que “alrededor de las 22:00 del sábado 28 de octubre de este año, el gendarme -quien estaba vestido de civil y desde hacía tiempo cumplía tareas pasivas- y el policía -uniformado-, ingresaron a una casa de Rincón”. En tal sentido, planteó que “entraron sin observar las formalidades prescriptas por la ley”.
Relató que “luego de revisar el domicilio en búsqueda de bienes que el gendarme manifestaba que le habían sido sustraídos, ambos imputados privaron ilegalmente de la libertad, al menos por dos horas, a un hombre de 23 años que vive en el inmueble”. Al respecto, puntualizó que “el agente policial actuó con abuso de sus funciones públicas”.
El fiscal expuso que “mediante intimidación y engaños, lograron que la víctima subiera a una camioneta que le pertenece al gendarme”, y agregó que “le dijeron que se dirigirían a la comisaría número 14, pero no tenían previsto ir allí”.
Fiscal Ezequiel Hernández.
En tanto, el funcionario del MPA subrayó que “dentro del vehículo, los agentes públicos ejercieron coacción psicológica contra el hombre al que habían instado a acompañarlos”. Según afirmó, “mientras lo amenazaban con dos armas de fuego, le aseguraban que iban a matarlo de un tiro en la cabeza y arrojarlo al río”.
“La coacción fue desplegada con el objetivo de que la víctima aportara datos sobre el robo sufrido por el gendarme”, aseveró Hernández. “Atemorizado, el hombre privado de su libertad en la camioneta les marcó a los atacantes diferentes domicilios en los que podía estar una persona involucrada en el delito contra la propiedad”, especificó. “Los coautores fueron hasta esos lugares e ingresaron sin las formalidades requeridas”, agregó.
“Finalmente, la víctima fue devuelta a su casa y, al llegar, el gendarme y el policía volvieron a entrar de forma ilegítima”, resaltó el fiscal. “Frente a testigos, el imputado de iniciales UMB amedrentó nuevamente al hombre que sufrió los ilícitos”, apuntó.
Arma de fuego: Hernández mencionó que “el policía además es investigado por la tenencia ilegítima de una escopeta de un tubo cañón, calibre 16”. Detalló que “más allá de que el arma está en un mal estado de conservación que impacta en su eficiencia, es apta para efectuar disparos”.
Imagen de archivo (modo ilustrativa)
Delitos: A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y allanamiento ilegal. Por su parte, al policía también se le endilgó la autoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Oficina de Prensa y Difusión MPA.
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
En un juicio de trámite abreviado, Marisol Saavedra Chungara, dos de sus hijos y otros dos colaboradores, recibieron penas de 4 a 8 años de prisión por tráfico y transporte de estupefacientes. El caso ocurrió en enero de 2022 y fue conocido como el “narcobombardeo”, porque la organización arrojaba bultos con cocaína a campos, desde avionetas que emprendían vuelos clandestinos desde Bolivia.
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el beneficio que había sido otorgado a un condenado por tenencia con fines de comercialización y revirtió la declaración de inconstitucionalidad que había dictado el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal de General Roca. Sostuvo que la exclusión se basa en un “criterio objetivo”, que es la gravedad de los delitos de la narcocriminalidad.
En la mañana de hoy (26/6), en la OGJ de Rufino, el Juez Martin Leonardo Maximiliano, condenó a C. A. B. con dos años y tres meses de prisión con ejecución condicional, además, dentro de las variadas normas de conductas, el sujeto deberá aprobar un curso de masculinidad que dicta la Universidad Nacional de Córdoba.
“Vamos a defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe”. El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti.
Un peritaje de audio y otro de antenas de celular, comprometen al nuevo imputado a quien se le dictó prisión preventiva. Además, es pariente de los tres coautores ya condenados por el caso en octubre pasado. El hecho ocurrió en la localidad de Gálvez, en el sur de la provincial, en abril de 2023. La víctima, de 27 años, estuvo 12 horas cautiva y fue liberada sin que se efectivizara el pago de rescate.
La detención se produjo en un bar de la ciudad (Santa Fe al 400) durante la noche de ayer, previamente, intentó emprender la huída por el patio trasero del comercio.
En sólo siete días se registraron seis donaciones de órganos y tres de tejidos en efectores santafesinos, un logro con escasos precedentes en la historia de la procuración.
También pasó la motosierra por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Así fue ordenado a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 23 años y sus iniciales son RJC. Se le atribuyó haber ingresado de forma violenta a la vivienda de la víctima y haber provocado daños en un automóvil, una puerta y un mueble el jueves de la semana pasada.
El hecho fue descubierto el martes pasado y por el momento no hay sospechosos detenidos. “Es indignante”, dijo el jefe comunal, Héctor Perotti
