Córdoba busca aprobar el nuevo proyecto de Seguridad Pública

El documento prevé la formación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y se incorporan las empresas privadas de seguridad al sistema, cuyos integrantes podrán utilizar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.

Política 13/12/2023 Daniel Espinoza Daniel Espinoza
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Seguridad privada (imagen de archivo web)

Se establece la creación de seis nuevas fiscalías antinarcóticos y de 12 nuevas fiscalías criminales. Se impulsará el plan de desarme y se pagará por cada arma que los vecinos entreguen. Habrá narcotest para los funcionarios provinciales.

Ayer martes, el gobernador de la provincia, Martín Llaryora, envió a la Legislatura el proyecto de Ley para la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

La iniciativa brinda el marco jurídico necesario para la implementación de un nuevo modelo de seguridad y convivencia, desde una perspectiva federal, haciendo más ágil la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

Entre los aspectos destacados se encuentra la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, previendo la incorporación de Agentes Locales capacitados y certificados para el uso de armas no letales, como auxiliares de la Policía de Córdoba y en el marco de estrategias comunitarias de aproximación a los vecinos.

Otro aspecto central de la iniciativa es el aumento de un 100 por ciento de las Fiscalías Antinarcóticos, incorporando seis más en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Bell Ville, Carlos Paz, Cruz del Eje y ciudad de Córdoba.

En el mismo sentido, se crean 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba, profundizando el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.

Llaryora firma

La normativa incorpora las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación, en la prestación de servicios al sector público, a las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.

También se crea un Instituto que asiste en la planificación de las políticas de seguridad, elabora, controla y evalúa la implementación de los programas de formación o capacitación de las fuerzas provinciales de seguridad, guardias locales y empresas prestadoras de servicios de seguridad, integrándolo al Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba – COPEC, creado en 2008.

Guardias locales de prevención y convivencia: Las municipalidades y comunas pueden adherir a la presente Ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia.

Cada Guardia Local de Prevención y Convivencia tiene como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada localidad, municipalidad o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones como auxiliar de la Policía de Córdoba.

Sus integrantes podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas.

Entre sus funciones y atributos se encuentran los de disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones, provinciales, municipales o comunales, en el marco de sus competencias materiales y territoriales.

poli cordoba

Plan de desarme: La ley enviada a la Legislatura Unicameral establece la estimulación del plan de desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen

Gestión privada de la seguridad: Se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales.

En los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran, podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia.

La norma establece expresamente que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”.

Otro aspecto contemplado por el proyecto de ley es que las empresas prestadoras de seguridad podrán ser contratadas para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos, entre otros.

Los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios que realicen eventos públicos, espectáculos deportivos y recreativos.

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Narcotest: El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.

Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, Legisladores y Tribunos, los Ministros, Secretarios, Directores y Subdirectores, Asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.

Más fiscalías en el interior provincial: Se crearán seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba. Además, se dotará de presupuesto a la ya existente en la ciudad de San Francisco.

Se crearán 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba y se crea la figura de auxiliar de los servicios de seguridad, colaboradores que desarrollarán tareas específicas.

Cámaras de seguridad vinculadas con la policía: Se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, existentes en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, etc. estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.

La propuesta permitirá aumentar rápidamente la capacidad de vigilancia en las ciudades, agilizando el acceso de videos como posibles pruebas de delitos en investigaciones.

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