Daniel Espinoza
Este jueves por la mañana, el gobierno provincial, a través del ministerio de Justicia y Seguridad, derribó el primer búnker ubicado en Riombamba de la ciudad de Rosario. Estaba vinculado a una causa que investiga la venta de drogas a las órdenes del “clan Riquelme”, y las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
En el lugar, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “a 13 días de la entrada de vigencia de la ley provincial de microtráfico, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”.
Y agregó: “Esta Ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”.
Cococcioni apuntó que “estamos trabajando en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio; sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse. Los vecinos pueden denunciar acciones irregulares o venta de droga en los Centros Territoriales de Denuncia o al propio MPA que incluso tiene una página web para hacer denuncia online”, finalizó.
Por su parte, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich explicó: “Este búnker que ustedes ven precario, nosotros lo hemos priorizado porque es lo que técnicamente llamamos un mercado abierto de drogas que genera violencia altamente lesiva”.
La fiscal general fue contundente: “Este búnker fue generador de la muerte de una persona; y si damos una vuelta por el barrio vemos que hay una escuela primaria a unos pocos metros y otra escuela a tres cuadras, entonces claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión, que como lo dijo el ministro empezó hace 13 días con los mismos recursos”, exclamó la funcionaria.
