La procuraduría a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili dio a conocer el documento "Mecanismos de acceso a la Justicia para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la violencia institucional". Incluye información relativa a organismos, tanto federales como provinciales, donde se pueden presentar denuncias, con el fin de contribuir a un mayor acercamiento entre las instituciones y sus destinatarios.
Nacional08/05/2025
Daniel Espinoza
En el marco del 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, difunde el documento "Mecanismos de acceso a la Justicia para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la violencia institucional".
El instrumento informativo elaborado por la procuraduría especializada detalla el listado actualizado de mecanismos de acceso al servicio de administración de Justicia para víctimas en el marco de la violencia institucional. El mismo incluye organismos, tanto federales como provinciales, con el fin de contribuir a un mayor acercamiento entre las instituciones y sus destinatarios.
En el documento, PROVUCIN señaló que “el acceso efectivo a mecanismos que garanticen no sólo el acceso formal a la justicia, sino también material, resultan fundamentales para dar cumplimiento completo a las obligaciones internacionales asumidas”. Entre ellas destacaron “las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad” y “la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Asimismo, la fiscalía especializada fundamentó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en numerosos precedentes que el derecho de acceso a la justicia obliga a los Estados Parte a evitar la interposición de trabas para quienes acudan a órganos judiciales en busca de la protección de sus derechos”.
La PROCUVIN y sus funciones: La PROCUVIN se creó por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Público Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad.
Entre sus funciones, se destacan: Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de la Procuraduría, en todas las instancias.
Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, disponer y realizar las medidas necesarias. En caso de considerarlo pertinente podrá remitir estás denuncias al/la fiscal que corresponda.
Disponer la realización de investigaciones preliminares respecto de hechos que importen la violación de derechos humanos con el fin de requerir la instrucción del sumario.
Asistir a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos constitutivos de violencia institucional.
Disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad
Promover la adopción de las medidas pertinentes para la asistencia y protección a víctimas y testigos de delitos constitutivos de violencia institucional.
Disponer las acciones interinstitucionales necesarias para la prevención, la investigación y el juzgamiento de los casos que configuren violaciones a los derechos humanos y/o delitos relacionados con la violencia institucional, con organismos públicos y organizaciones civiles vinculadas a la temática
La procuraduría especializada funciona en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus teléfonos son (+54 11) 6089-9054/9058 /9059 y el correo electrónico es [email protected].
Conmemoración: La Ley N°26.811, sancionada en noviembre 2012, dispuso el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional “con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”, según establece en su artículo 1°.
La fecha conmemora la denominada “Masacre de Ingeniero Budge”, ocurrida el 8 de mayo de 1987, cuando agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asesinaron a los jóvenes Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en la esquina de Guaminí y Figueredo de esa localidad del partido bonaerense de Lomas de Zamora, en un caso de “gatillo fácil” en el que a las víctimas se les “plantaron” armas para hacer simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.
Por Fiscales.gob.ar
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