La procuraduría a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili dio a conocer el documento "Mecanismos de acceso a la Justicia para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la violencia institucional". Incluye información relativa a organismos, tanto federales como provinciales, donde se pueden presentar denuncias, con el fin de contribuir a un mayor acercamiento entre las instituciones y sus destinatarios.
Nacional08/05/2025
Daniel Espinoza
En el marco del 8 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, difunde el documento "Mecanismos de acceso a la Justicia para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la violencia institucional".
El instrumento informativo elaborado por la procuraduría especializada detalla el listado actualizado de mecanismos de acceso al servicio de administración de Justicia para víctimas en el marco de la violencia institucional. El mismo incluye organismos, tanto federales como provinciales, con el fin de contribuir a un mayor acercamiento entre las instituciones y sus destinatarios.
En el documento, PROVUCIN señaló que “el acceso efectivo a mecanismos que garanticen no sólo el acceso formal a la justicia, sino también material, resultan fundamentales para dar cumplimiento completo a las obligaciones internacionales asumidas”. Entre ellas destacaron “las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad” y “la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Asimismo, la fiscalía especializada fundamentó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en numerosos precedentes que el derecho de acceso a la justicia obliga a los Estados Parte a evitar la interposición de trabas para quienes acudan a órganos judiciales en busca de la protección de sus derechos”.
La PROCUVIN y sus funciones: La PROCUVIN se creó por Resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Público Fiscal para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en estado de vulnerabilidad.
Entre sus funciones, se destacan: Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de la Procuraduría, en todas las instancias.
Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, disponer y realizar las medidas necesarias. En caso de considerarlo pertinente podrá remitir estás denuncias al/la fiscal que corresponda.
Disponer la realización de investigaciones preliminares respecto de hechos que importen la violación de derechos humanos con el fin de requerir la instrucción del sumario.
Asistir a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos constitutivos de violencia institucional.
Disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad
Promover la adopción de las medidas pertinentes para la asistencia y protección a víctimas y testigos de delitos constitutivos de violencia institucional.
Disponer las acciones interinstitucionales necesarias para la prevención, la investigación y el juzgamiento de los casos que configuren violaciones a los derechos humanos y/o delitos relacionados con la violencia institucional, con organismos públicos y organizaciones civiles vinculadas a la temática
La procuraduría especializada funciona en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus teléfonos son (+54 11) 6089-9054/9058 /9059 y el correo electrónico es [email protected].
Conmemoración: La Ley N°26.811, sancionada en noviembre 2012, dispuso el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional “con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”, según establece en su artículo 1°.
La fecha conmemora la denominada “Masacre de Ingeniero Budge”, ocurrida el 8 de mayo de 1987, cuando agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asesinaron a los jóvenes Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en la esquina de Guaminí y Figueredo de esa localidad del partido bonaerense de Lomas de Zamora, en un caso de “gatillo fácil” en el que a las víctimas se les “plantaron” armas para hacer simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.
Por Fiscales.gob.ar
Un día como hoy, pero de 1920, Enrique Telémaco Susini, su sobrino Miguel Mugica y dos amigos, César Guerrico y Luis Romero Carranza, realizan la primera transmisión radiofónica. Los llamados “Locos de la azotea” hacen que medio centenar de receptores puedan recibir la señal desde el Teatro Coliseo y escuchar la ópera Parsifal, de Wagner. La fecha se recuerda como Día de la Radiodifusión Argentina.
Un día como hoy, pero de 1810, Santiago de Liniers es fusilado en el paraje cordobés de Cabeza de Tigre, tras fracasar su alzamiento contra la Primera Junta. El antiguo Virrey, nacido en Francia en 1753, se opuso al gobierno surgido el 25 de mayo y consideró que era una traición al rey de España, preso de Napoleón. Liniers había sido el héroe en la lucha contra los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807.
Desde la Sociedad Rural de 9 de julio le escribieron de manera directa al presidente, pidiendo “ayuda de manera urgente; hay que trabajar a contrarreloj para lograr para salvar lo que se pueda”.
Un día como hoy, pero de 1994, se aprueba la Constitución reformada, que habilita un mandato presidencial de cuatro años con una reelección e introduce el ballotage. La reforma fue posible gracias al Pacto de Olivos que en 1993 acordaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Además de la reelección, se provincializan los recursos naturales, se habilita la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, nace la figura del jefe de Gabinete, los senadores pasan a ser tres por provincia y elegidos por voto popular, y se incorporan los tratados internacionales.
La Cámara baja aprobó insistir con la emergencia en discapacidad ( 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones) y respaldó el veto al bono extraordinario previsional.
Un día como hoy, pero de 2003, el Senado aprueba la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas después del juicio a las Juntas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1986 y 1987, respectivamente, y que imposibilitaron el juzgamiento del aparato represivo del terrorismo de Estado, a excepción del robo de bebés. La nulidad reabre la etapa de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Dos años después, la Corte Suprema convalida la nulidad de las leyes al declararlas inconstitucionales.
En una audiencia celebrada este medio día, S. D. Andre quedó detenido de manera preventiva. Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia de los tribunales rufinenses. Al imputado se le endilgó haber vulnerado a la hija de una mujer con la que mantenía una relación de pareja. De acuerdo con la atribución delictiva, los hechos ilícitos se reiteraron durante aproximadamente tres años durante la infancia de la víctima.
La representante del MPF solicitó esas condenas para Fernando André Sabag Montiel y Brenda Elizabeth Uliarte, como autor y partícipe necesaria, respectivamente, del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género (femicidio) en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. La fiscal retiró la acusación para el tercer imputado. El hecho ocurrió el 1° de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta.
Para ambos exjefes de Gabinete, el representante del MPF además solicitó inhabilitación especial. También se requirieron penas para otros cuatro imputados, entre ellos, exintegrantes de la Asociación del Fútbol Argentino y de Futbolistas Argentinos Agremiados. En tanto, los fiscales reclamaron la restitución de más de 131 millones pesos desviados producto de la maniobra delictiva que se habrían desviado en perjuicio del Estado nacional e indicaron que sean destinados al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
En el marco del Plan Bandera impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y la criminalidad en la provincia de Santa Fe, en Rosario, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una organización criminal dedicada a la distribución de narcóticos deteniendo a sus 7 integrantes.
La iniciativa se plantea como una continuidad de las estrategias iniciadas la temporada pasada. En una primera etapa, la estrategia de vacunación incluirá a personas de 15 a 17 años, en 13 departamentos de la provincia que serán priorizados. Luego se ampliará de manera progresiva a diferentes rangos etarios en departamentos priorizados. Durante septiembre, al igual que la temporada pasada, las notificaciones para estos grupos continuarán enviándose a través del Ciudadano Digital (CiDi).
