Tiene 38 años, sus iniciales son VHR y trabaja como chofer de colectivos. El fiscal Ezequiel Hernández le atribuyó los delitos de usurpación de título por el uso indebido de insignias o distintivos del cargo y encubrimiento, por hacerse pasar como subjefe de las Tropas de Operaciones Especiales . En el marco de las diligencias realizadas, se llevaron a cabo allanamientos en Arroyo Leyes, Santo Tomé y la capital provincial.
Judiciales 10 de noviembre de 2023
Daniel Espinoza
Imputaron a un hombre de 38 años que es chofer de colectivos al que se investiga por haber simulado ser el subjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial. La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Ezequiel Hernández ante el juez Sebastián Szeifert en una audiencia que se desarrolló ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Hernández precisó que “el imputado -cuyas iniciales son VHR-, fue detenido el martes, en la audiencia de ayer se hizo la atribución delictiva y luego se resolvió imponerle normas de conducta que deberá cumplir mientras avanzamos con la investigación de lo ocurrido”. En tal sentido, enumeró que “deberá constituir una caución personal de 90.000 pesos y fijar domicilio; no podrá contactar ni acercarse a los testigos y se le prohibió tener y portar armas de fuego”.
Uniformes, insignias y distintivos: Hernández indicó que “al menos entre el viernes 25 de agosto de este año y el lunes pasado, el imputado ostentó públicamente uniformes, insignias y distintivos -originales e imitaciones-, de la TOE”. Especificó que “tenía elementos característicos de esa división, así como credenciales propias de los cargos de Subinspector e Inspector de la policía provincial”.
El fiscal aseguró que “mediante engaños, el hombre investigado se vinculó con verdaderos integrantes de las fuerzas de seguridad”, y remarcó que “como falso representante de la TOE, participó de cursos de capacitación y especializaciones en otros puntos del país, algunas de ellas relacionadas a la manipulación de armas”.
Asimismo, sostuvo que “el imputado adquirió un chaleco balístico compuesto por dos placas colocadas en un portaplacas perteneciente a la policía de Santa Fe, cuyo número identificatorio estaba parcialmente suprimido”. Al respecto, agregó que “él conocía la procedencia ilícita de la prenda de protección, la cual había sido sustraída de la esfera de custodia estatal”.
Allanamientos: En el marco del legajo, se llevaron a cabo tres allanamientos en el departamento La Capital: uno en Arroyo Leyes, donde vive el imputado; otro, en Santo Tomé, y el último, en la ciudad de Santa Fe.
Hernández enumeró que “en la casa del investigado se secuestró una pistola calibre 9 milímetros que estaba con el cargador puesto y municionada, es decir, estaba preparada para ser usada” y advirtió que “tenía la autorización legal para tener el arma”. Asimismo, el fiscal puntualizó que “también se secuestraron el chaleco antibalas con la numeración suprimida, dos handys, una placa y dos portaplacas con insignias de la policía de Santa Fe; 13 jerarquías tipo velero del grado de Subinspector e Inspector, y ocho rótulos con el nombre del imputado, uno de los cargos que fingía tener y un número de identificación”.
“A su vez, se hallaron 15 escudos distintivos de la policía provincial; seis escudos y dos parches de la TOE; seis velcros de ‘Fuerzas Especiales’; un parche con la palabra ‘policía’; dos escudos con la inscripción ‘Operador de Rescate y Socorrismo Rural’, y dos escudos de ‘Instructor de Tiro’”, puntualizó.
En cuanto a las prendas de vestir que había en la vivienda, el fiscal mencionó “una chaqueta y una remera con rótulos identificatorios; una boina con el escudo de la TOE, y un uniforme con sobrero tipo monte”.
Por otro lado, Hernández expuso que “el imputado tenía en su poder un distintivo de la Policía Federal Argentina y otro de una agrupación de policías de la provincia de Chaco”.
“También se encontraron certificados de cursos destinados a policías, cuya veracidad está siendo analizada, y documentos que son de interés para la investigación”, manifestó.
Por último, señaló que “en el operativo que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, se secuestró un teléfono celular”.
Capacitación inexistente: Hernández valoró que “en los primeros días de octubre, quien efectivamente se desempeña como subinspector de la TOE, hizo la denuncia”. En tal sentido, aclaró que “fue a partir de que integrantes de la policía de Chaco llamaron por teléfono a la base de la TOE para solicitar información sobre una capacitación a la que el imputado los había invitado”, relató el fiscal. “Se les contestó que no había ninguna formación prevista en la temática que les interesaba y que la persona que se presentaba como autoridad de la fuerza de seguridad no era tal”, subrayó.
Delitos: Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de los delitos de usurpación de título por uso indebido de insignias o distintivos del cargo y encubrimiento.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
La medida cautelar fue impuesta sin plazo por la jueza Lorena Garini, a partir de un requerimiento de la fiscal Rafaela Florit. El imputado tiene 18 años y sus iniciales son JAA. Además se imputó por encubrimiento a una mujer que también tiene 18 años y que es su pareja.
Así fue dispuesto a pedido del fiscal Julián Cochero, en una audiencia desarrollada en los tribunales de Melincué. El imputado era la máxima autoridad del predio en el que debían estar los repuestos comercializados ilegalmente. La investigación comenzó a partir de que se detectaron indicios de la conducta delictiva en una escucha telefónica analizada en el marco de otro legajo penal.
Se trata de Iván Jesús Leguizamón, de 31 años, quien le disparó con su arma reglamentaria a la víctima e intentó matar también a un hombre que estaba con ella al momento del ilícito. La sentencia fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales de Melincué. El fiscal que representó al MPA en el debate es Julián Cochero.
Se trata de Héctor Maximiliano Gabriel Ortiz, de 19 años, a quien se le impusieron tres años de prisión. Además, se apoderó ilegítimamente de dinero que había dentro de otro vehículo, intentó ingresar sin autorización a una vivienda y encubrió la sustracción de herramientas. La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez.
La medida cautelar fue dispuesta a partir de un pedido de la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia realizada esta mañana. El imputado tiene 44 años y sus iniciales son DMC. Se le atribuyó haber llevado a cabo el ilícito el viernes pasado en su vivienda, frente a tres niñas a las que instó a acercarse a él.
La justicia de la ciudad de Santa Fe, condenó a Alejandro Agustín Franco, de 26 años. Las víctimas fueron Matías Iván Machuca y Maximiliano René Cistema, a quienes el el condenado les disparó con un arma de fuego 2020 y en 2022, respectivamente. La pena también se le impuso por la autoría de una tentativa de homicidio y por la tenencia ilegal de un revólver calibre 22.
La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia emitió un comunicado en el que advierte sobre la no vigencia de las licencias de conducir otorgadas posteriormente al 20 de julio de 2023, emitidas por municipios y comunas no adheridas al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNAT).
Se trata de Jesús Rodolfo Daniel Echeverría, Tomás Agustín Maderna, Ian Pablo Quigley y Alejo Gatica. Se les impusieron tres años de prisión de ejecución condicional a cada uno y una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima. El hecho ilícito fue cometido el pasado domingo y el fiscal que investigó el caso es Iván Raposo.
Comenzará el lunes 9, será segmentada, focalizada, progresiva y dinámica. En una primera etapa se colocarán las dosis a jóvenes de entre 15 y 19 años que residan en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en barrios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Aparir del jueves 12, la Aduana realizará nuevos remates con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente
"Los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes", planteó la Cancillería ante la Corte Penal Internacional.
