La fiscalía también solicitó la condena de otros cuatro hombres -tres de ellos, familiares del principal acusado- como miembros de la organización, que era liderada por Segovia desde la cárcel. Lograron ingresar al país las partes para construir el fusil semiautomático AR15, que utilizan las fuerzas armadas de Estados Unidos, y procuraban construir cartas bomba, entre otros dispositivos.
Judiciales14/02/2025
Daniel Espinoza
l titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, pidió esta tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata que condene al traficante internacional de precursores químicos, Mario Segovia (de 50 años de edad), conocido en medios de comunicación por esa actividad como "El Rey de la Efedrina", a 15 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos por considerarlo el jefe de una asociación ilícita -que dirigió desde la cárcel federal de Ezeiza- dedicada al contrabando de importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales que operan en Rosario.
Acompañado por la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero -quien desmenuzó en la audiencia las pruebas del caso- y por la auxiliar fiscal de la Fiscalía General ante el TOCF N°2 esa ciudad -a cargo del fiscal general Marcelo Molina-, María Laura Ustarroz, Iglesias solicitó también la imposición de las siguientes penas -que en todos los casos incluyen el pedido de inhabilitación por el tiempo que dure la condena- para otros cuatro acusados:
10 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos para el expolicía de la provincia de Santa Fe, Hernán Jesús Segovia (47), hermano de Mario.
10 años de prisión y una multa de 30 millones de pesos para Gonzalo Rodrigo Ortega (39), cuñado de Mario.
5 años y 6 meses de prisión y una multa de 20 millones de pesos para Matías Segovia (25), hijo de Mario.
5 años de prisión y multa de 10 millones de pesos para Ezequiel Hernán Bergara (34), a quien acusó de colaborar con el clan familiar desde un lugar de menor responsabilidad.
La acusación del Ministerio Público Fiscal para los cinco imputados fue como autores del delito de asociación ilícita (Mario Segovia como líder y el resto como miembros) y coautores de contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4 (Plataforma AR15), tenencia de armas de fuego y materiales explosivos como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual.
En los casos de Mario Segovia y de su hijo Matías, el fiscal Iglesias sumó la acusación como autor y coautor, respectivamente, del delito de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal.
Este delito informático, describió la fiscalía, constituyó la base de las actividad de la organización, pues a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa -que les permitieron a la banda hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, gracias a la extensión @formosa.gov.ar de las cuentas a las que accedieron ilegalmente- pudieron relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos a agencias estatales.
De acuerdo con la acusación formulada por Iglesias y Cisnero, la asociación ilícita funcionó al menos entre septiembre de 2016 y el 13 de julio de 2021, cuando se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de los cuatro integrantes que operaban en libertad bajo las órdenes emitidas intramuros por Mario Segovia, quien cumple una pena a 17 años y 6 meses de prisión, que vence en mayo del año que viene, por tráfico internacional de efedrina y psedoefedrina.
Parte del armamento secuestrado a la organización exhibido por la fiscalía en su alegato. Foto: PROCUNAR
El contexto: la violencia en Rosario
Iglesias se detuvo en el inicio de su alegato en el extenso período de actuación de la banda y le pidió al tribunal -integrado por Nelson Jarazo, Germán Castelli y José Michilini, y Enrique Mendez Signori, como cuarto juez- que valore la prueba de este caso en el contexto del crecimiento de la violencia narcocriminal que viene asolando a Rosario desde 2013. El fiscal comparó las tasas de homicidio de esa ciudad, que llegaron en 2022 a 22,31 cada 100 mil habitantes, con el valor nacional de 4,2, y marcó que ese año 9 de cada 10 crímenes fueron cometidos con armas de fuego en aquella ciudad.
"Si bien esta situación es compleja y multifacética, está profundamente relacionada con el despliegue y disputa entre las organizaciones narcocriminales que se encuentran asentadas en la ciudad de Rosario y sus alrededores", sostuvo Iglesias, y mencionó a las bandas de Ariel Máximo "Guille" Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Julio Rodríguez Granthon, quienes han convivido intramuros con Segovia, "todas dedicadas al tráfico y comercialización de grandes volúmenes de estupefacientes y proveedoras de organizaciones más pequeñas que funcionan de manera subordinada y se dedican a la venta 'al menudeo'" en esa zona.
"Las organizaciones necesitan, y cuentan, con importantes armas de fuego que incluso las utilizan para blindarse contra el fuego de efectivos estatales. También para realizar atentados contra establecimientos estatales", marcó el fiscal, y resaltó: "En ese contexto se insertan los hechos criminales bajo análisis". En tal sentido, con base en declaraciones de especialistas, evaluó que el acceso a armamento como el incautado en la causa proporcionaría a las organizaciones de Rosario la capacidad de convertirse en estructuras como el Comando Vermelho, de Brasil.
"La munición del AR15 traspasa los chalecos antibalas de las fuerzas policiales de lado a lado. Dota de un poder de fuego superior al de nuestras fuerzas de seguridad", indicó Iglesias, y remarcó que "de haber continuado esta operatoria, en la ciudad de Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad".
En efecto, durante su alegato, Iglesias reprodujo una conversación telefónica entre Mario Segovia y Martín Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez, donde este último lo invita a participar de sus "negocios" en Rosario.
El sobre bomba y el origen de la investigación: La fiscalía expuso que en septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro. Para que funcionaran como explosivo solo había que reemplazarle la sustancia inocua que llevaban por una como, por ejemplo, TNT, explicó Iglesias.
Añadió que la investigación -tanto en Paraguay como en Argentina- determinó que el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia.
El "sobre bomba" detectado en 2016 por autoridades paraguayas en el Aeropuerto de Luque y que dio origen a la investigación. Foto: PROCUNAR
El plan -precisó el fiscal- era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza.
Iglesias contó que la investigación se enderezó a establecer quiénes utilizaban los correos electrónicos. Explicó que, con la colaboración del gobierno de Formosa, se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda. La Policía Federal, que con orden judicial intervino los correos con una "cuenta espejo" (que le permitía visualizar todos los movimientos), determinó que usaban un software VPN para evitar el rastreo.
Añadió que, sin embargo, una IP llamó la atención por su localización en una estación de servicio Shell de Rosario, donde funcionaba un cibercafé. Allí, los investigadores pudieron hacer el seguimiento de Matías Segovia, a quien fotografiaron operando computadoras de alquiler a la misma hora en que las cuentas de correo investigadas tenían movimientos. Según el fiscal, el hijo del traficante habría cometido el error de no seguir las instrucciones de acceso por VPN que le había hecho llegar su padre en papeles manuscritos, que fueron secuestrados en los allanamientos y expuestos en la audiencia.
Iglesias relató que en las comunicaciones por correo interceptadas, la organización buscaba acceder a capacitaciones para la desactivación de los artefactos explosivos, pero "quien tiene los conocimientos necesarios para desactivarlos, los tiene también para activarlos", marcó.
Narró que asimismo personal penitenciario halló una tablet que era operada por Segovia en la cárcel. En su interior, se encontraron las claves de acceso a las cuentas de correo electrónico investigadas y datos sobre la compra de dispositivos explosivos a la empresa canadiense.
De la basura al fusil: A su turno, Cisnero explicó que la pesquisa se profundizó entonces sobre los miembros del clan que estaban en libertad. Las tareas de inteligencia criminal sobre la basura que arrojaban diariamente en sus domicilios permitieron a los investigadores encontrar trozos de cable similares a los que se utilizan para la confección de explosivos y envoltorios de encomiendas internacionales destinadas a Bergara.
Esa información, dijo Cisnero, permitió dar el alerta aduanero respecto de varios sospechosos, para que la Aduana avisara a los investigadores cuando detectara encomiendas a su nombre. Esta modalidad permitió la apertura de un paquete y la identificación de distintos piezas, que luego fueron encontradas ensambladas en el fusil semiautomático AR15 que estaba en poder de Hernán Segovia cuando se llevaron a cabo los allanamientos en julio de 2021.
Las piezas de silenciadores que recibió la organización en una de las encomiendas. Foto: PROCUNAR
El seguimiento de una segunda encomienda permitió verificar cómo hizo la banda para importar silenciadores, que llegaron como componentes ciegos, es decir, sin orificios para que pase el proyectil, pues los harían manualmente tras su arribo. Cisnero marcó que la banda también importó "lowers al 80%", es decir, lowers receiver -componente principal el ensamble del fusil- que estaban sin terminar y a los que solo había que realizarles algunos orificios para que queden operativos en su totalidad.
Esa importación, dijo, se llevó a cabo a través del correo privado AeroBox. Y reprodujo una de las comunicaciones interceptadas a la banda, que permitió establecer a los investigadores que esa empresa había rechazado una encomienda que contenía cargadores, cuyo envío está prohibido.
La exposición de Cisnero contó también con la reproducción de otros audios de miembros de la organización, que hablaban de "escobas" en reemplazo de fusiles. El juego con naipes "escoba de 15" apareció en los diálogos para ocultar que se hablaba de los fusiles AR15 e incluso se llegó a mencionar la "escoba del 47". Cisnero explicó que esa referencia encontró correlato en el diálogo de Mario Segovia -también reproducido en la audiencia- con el detenido de origen nigeriano, Asmed Hamdat, a quien consultó por la compra en Etiopía de fusiles AK47.
Cisnero concluyó su alegato con el repaso de todo el material secuestrado en los allanamientos: el fusil ensamblado -que es utilizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos y, según dijo, fue operado por el tirador que atentó el año pasado contra el actual presidente de ese país, Donald Trump-, municiones, explosivos como TNT (tres panes en un total de 120 gramos) y pentrita, elementos para armar artefactos, un reloj Casio que iba a ser utilizado como detonador, rollos de aramida,chalecos antibala, instrucciones para la elaboración de estupefacientes, manuales de armado de fusiles AR15 y AK47, y guías para francotiradores urbanos, que “incluían formas y métodos para disponer una posición de tirador desde una ventana, baúl de vehículo, habitáculo de camioneta”.
"La utilización de ese TNT en los artefactos secuestrados en Paraguay servía para un atentado", marcó.
"Que Segovia aparezca articulando todas las operaciones bajo juzgamiento desde un penal de máxima seguridad no debe llamarnos la atención", sostuvo Cisnero, y recordó que "la PROCUNAR realizó un informe sobre 'Narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios', donde se analizó el despliegue de maniobras narcocriminales cometidas desde el interior complejos penitenciarios federales y provinciales".
"¿Qué pretendo trasmitir con esto? Que era realizable y se ha acreditado que la operatividad de este tipo de organizaciones criminales, incluida la aquí juzgada, era comandada por sus líderes desde su lugar detención, lo que resultó posible debido a una negligente actividad estatal, lo que no es objeto de este debate, pero sí hace al contexto en que deben ser analizados los hechos", apuntó hacia el final de su exposición.
El juicio comenzó en julio del año pasado. La próxima audiencia está prevista para el 18 de febrero a las 12.30.
Diálogo entre Mario Segovia y un detenido de origen nigeriano, a quien consultó por la compra en Etiopía de fusiles AK47, exhibido en el alegato. Foto: PROCUNAR
Por Fiscales.gob.ar
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit. El imputado tiene 30 años y sus iniciales son GSO. Estaba prófugo desde mayo de 2024 y fue detenido en la provincia de Chaco. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por la madre de la niña.
El imputado tiene 45 años y sus iniciales son GAV. Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit
La Sala B entendió que se habían omitido las pretensiones de un grupo de afectados representado por otra organización y porque la empresa no ofreció restituir las sumas que percibió indebidamente en razón de prácticas abusivas. También puso de relieve que, previo a la homologación, no se había solicitado la opinión de la fiscalía que ordena la Ley de Defensa del Consumidor.
Un joven de 18 años cuyas iniciales son CV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos robos cometidos a remiseros de Venado Tuerto. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Paula Borrello a partir del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, quien está a cargo del legajo penal iniciado a raíz de los dos ilícitos.
Bajo el sistema acusatorio, el caso se resolvió en cinco meses con el dictado de la sentencia en el marco de un acuerdo pleno. Las penas fueron de 4 años y 6 meses de prisión y de 3 años de prisión condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y otros delitos. Uno de los condenados intentó sobornar a la policía en el momento de su detención.
Se trata de Miguel Ángel De Armas, de 72 años. La víctima era amiga de su hijo, también menor de edad. La fiscal que investigó lo ocurrido es Rafaela Florit.
Los magistrados se entrevistaron con personas privadas de su libertad, en el marco de las tareas de monitoreo previstas en la ley orgánica del MPF y en la Resolución PGN que diseña las estructuras del organismo en el sistema acusatorio. La cárcel, inaugurada en diciembre pasado, tiene actualmente a 167 reclusos y 230 plazas habilitadas de un total planificado de 464.
Vialidad Nacional prosigue con las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 7, entre la laguna La Picasa, Aarón Castellanos y Rufino.
El imputado tiene 45 años y sus iniciales son GAV. Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían. La fiscal a cargo de la investigación es Rafaela Florit
Así fue dispuesto a pedido de la fiscal Rafaela Florit. El imputado tiene 30 años y sus iniciales son GSO. Estaba prófugo desde mayo de 2024 y fue detenido en la provincia de Chaco. La denuncia que originó la investigación penal fue realizada por la madre de la niña.
