Imputaron a un hombre investigado por tentativa de homicidio contra el remisero O. Becerra cometida en Rufino

La Sala B entendió que se habían omitido las pretensiones de un grupo de afectados representado por otra organización y porque la empresa no ofreció restituir las sumas que percibió indebidamente en razón de prácticas abusivas. También puso de relieve que, previo a la homologación, no se había solicitado la opinión de la fiscalía que ordena la Ley de Defensa del Consumidor.

Un joven de 18 años cuyas iniciales son CV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos robos cometidos a remiseros de Venado Tuerto. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Paula Borrello a partir del pedido formulado por la fiscal Andrea Cavallero, quien está a cargo del legajo penal iniciado a raíz de los dos ilícitos.

Bajo el sistema acusatorio, el caso se resolvió en cinco meses con el dictado de la sentencia en el marco de un acuerdo pleno. Las penas fueron de 4 años y 6 meses de prisión y de 3 años de prisión condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y otros delitos. Uno de los condenados intentó sobornar a la policía en el momento de su detención.

Se trata de Miguel Ángel De Armas, de 72 años. La víctima era amiga de su hijo, también menor de edad. La fiscal que investigó lo ocurrido es Rafaela Florit.

En febrero de 2024 se realizaron allanamientos que permitieron desbaratar la organización. Están acusados de gestionar un predio rural en una localidad cercana a la capital provincial donde había 1.531 plantas de cannabis sativa, y otro espacio tipo invernadero dentro de una casa del macrocentro, donde se hallaron 575 plantas de la misma especie.

El fiscal Fabián Canda argumentó que, en función de las especiales particularidades del caso, la Resolución 2024-603 APN de esa cartera “provoca una injusticia inconstitucional”, puesto que priva del acceso a la salud al hijo de una trabajadora de una cooperativa textil, quien a raíz de aquella disposición se ve obligada a abonar la obra social que hasta entonces tenía “costo cero” para las personas inscriptas en el monotributo social.